Defensoría del Pueblo pide la Fiscalía y a la Contraloría investigar y supervisar la compra de 324 respiradores chinos ante un posible sobreprecio

La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente a la Contraloría General y a la Fiscalía General a iniciar la supervisión e investigación, respectivamente, sobre la adquisición de 324 respiradores de procedencia china, realizada por el Ministerio de Salud en mayo de este año, presumiblemente, con un sobreprecio de seis millones de dólares.

“Se está pidiendo la intervención de estas dos instituciones, porque según las denuncias hechas públicas, existiría un hecho de corrupción en la compra de estos equipos para el tratamiento de COVID-19, y muchos de ellos, además, estarían en desuso debido que causarían daños a la salud a los pacientes”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Cruz informó que tras conocer estas denuncias, la institución defensorial a través de sus oficinas departamentales realizó verificativos en distintos establecimientos de salud para determinar el uso de esos respiradores y constató la existencia de problemas en estos equipos.

La entidad defensorial  pudo evidenciar que en el Hospital San Juan de Dios en Tarija, de 10 respiradores ocho se encuentran en funcionamiento, los otros 2 no funcionan debido a que no ventilan; en Cochabamba de 10 ventiladores, cuatro se encuentran malogrados y seis no están en uso porque no cumplen las condiciones para la patología de Covid-19; en Santa Cruz, de 55 respiradores que se entregaron solo 40 se encuentran instalados, 15 están en el Hospital San Juan de Dios y 25 en Hospital Japonés y además, tendrían inconvenientes con el uso debido a que utilizan distinta nomenclatura técnica; similar situación existe en Potosí;  en La Paz se habría entregado 12 respiradores en el municipio de El Alto, de los cuales seis fueron dados de baja; finalmente, en Beni cinco respiradores se encontrarían fuera de servicio.

“Esta verificación denota por una parte que algunos de los respiradores adquiridos no satisfacen la necesidad requerida para la atención pacientes con COVID-19; por tanto no se adecuarían a las especificaciones  que debieron ser previstas por el Ministerio de Salud y en otros casos, no se estarían activando oportunamente las garantías que la norma prevé y exige en caso de que el producto adquirido presente fallas, salvo que dichas garantías no hayan sido, oportunamente, previstas por la instancia a cargo del proceso de contratación; acciones que de ser reveladas denotarían la negligencia, omisión, culpa y dolo de servidores públicos del Gobierno actual”, manifestó la Defensora.

Frente a esta situación, en una nota al Fiscal General, Juan Lanchipa, Cruz le solicita “la atención prioritaria a este tema instruyendo el inicio de la investigación de estos hechos a fin de conocer la verdad histórica de lo acontecido y se identifique a los posibles responsables de la presunta comisión de hechos ilícitos descritos en la presente.

De igual manera, en otra nota, le pide al Contralor General, Henry Ara, iniciar la supervisión al proceso de adquisición de los 324 respiradores chinos,  a fin de dilucidar la existencia de un posible daño económico al patrimonio del Estado y, sobre todo, para evitar posibles daños irreversibles a la salud de la población boliviana. Le recuerda además, que el 25 de mayo pasado, esa entidad fiscalizadora anunció la realización de “auditorías a todos los contratos de adquisición de bienes para la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus”.