Defensoría del Pueblo plantea mecanismos alternativos para prevenir la violencia a niñas, niños y adolescentes durante la cuarentena

Defensoría del Pueblo plantea mecanismos alternativos para prevenir la violencia a niñas, niños y adolescentes durante la cuarentena

27 de Abril de 2020 12:00 am

Defensoría del Pueblo plantea mecanismos alternativos para prevenir la violencia a niñas, niños y adolescentes durante la cuarentena

La Defensoría del Pueblo plantea fortalecer y ampliar los servicios de atención y protección a niñas, niños y adolescentes que posibiliten la denuncia, a través de mecanismos alternativos e innovativos como campañas informativas en redes sociales, centros de abasto, entidades financieras, centros de salud y farmacias, para prevenir el alarmante incremento de casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en este periodo de cuarentena por el COVID-19.

“Estos mecanismos  ayudarán a que niñas, niños o adolescentes que son víctimas de violencia en sus hogares o por parte de vecinos, y que no pueden denunciarlo llamando a líneas de atención desde sus casas, puedan hacerlo en estos espacios públicos; ”, explicó la Defensora de Pueblo, Nadia Cruz, quien dijo que si bien se han establecido mecanismos de denuncia, implementado campañas de prevención, y se ha dispuesto el funcionamiento de las instancias de atención y protección, como son las Defensorías de Niñez y Adolescencia, Ministerio Público y Policía, estas medidas no son suficientes.

Estas formas innovativas para la denuncia, según explicó, deben ser parte del fortalecimiento de las medidas de atención y protección oportunas y efectivas ante la vulneración de derechos, mediante líneas gratuitas que funcionen 24 horas, brigadas móviles, chats en línea con georreferenciación, servicios de mensajes de texto gratuitos, implementación de códigos para denunciar, promoción de redes de whatsapp comunitarias o sistemas de alerta entre otras.

“El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como ente rector del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA), es la instancia competente para que a la brevedad posible se fortalezca las medidas de prevención, atención y protección, mediante acciones directas y emisión de lineamientos a entidades competentes, que aseguren la posibilidad de denunciar y acceder a medidas de atención y protección oportunas y efectivas”, remarcó.

Datos del Ministerio Público, muestran que desde el 21 de marzo al 12 de abril, se registraron 545 casos de violencia familiar y doméstica, siendo las principales víctimas mujeres, niñas, niños y adolescentes; datos de la FELCV señalan que desde el inicio de la cuarentena se registraron  1.505 casos, de los cuales 44 son violaciones a niñas, niños o adolescentes, 31 de estupro; un infanticidio y 7 de sustracción de menor.

La Defensora pidió que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, considerando las restricciones de la Emergencia Sanitaria y Cuarentena Total, convoque, coordine y articule con las instituciones que son parte del Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de niña, niño y adolescente, mediante mecanismos idóneos a efectos de que se presente, discuta, analice y ejecute propuestas para abordar la vulneración de derechos de esta población en este periodo de encierro.

La institución defensorial, plantea que se promueva una norma nacional que declare como esenciales los servicios de prevención, atención y protección de niñas, niños y adolescentes; disponga el establecimiento de una estrategia para prevenir la vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes durante el periodo de cuarentena, con énfasis en violencia física, psicológica y sexual, que involucre a todas las instituciones competentes, familia y comunidad en general; realice seguimiento y control al cumplimiento de las acciones de prevención, atención y protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes bajo responsabilidad de las diferentes instituciones competentes.

Cruz pidió al Estado a cumplir los lineamientos y recomendaciones de instancias internacionales de defensa de derechos humanos, ante la situación que vive esta población en situación de vulnerabilidad, en particular en este periodo de encierro y aislamiento en el hogar u otros lugares e instituciones donde viven y corren el riesgo de sufrir violencia física, psíquica y sexual.

La Organización de Naciones Unidas alertó que el confinamiento a nivel mundial por el COVID-19 aumenta la exposición de niñas, niños y adolescentes a hechos de violencia y abuso sexual, así como a venta, tráfico y explotación sexual, por lo que llamó a que los Gobiernos tomen medidas de protección hacia la población infantil durante el período de cuarentena por el coronavirus.

La Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, en una declaración el 9 de abril manifestó: “No dejemos que los niños sean las víctimas ocultas de la pandemia de COVID-19” que en crisis de salud anteriores que el mundo ha enfrentado, se ha demostrado que las niñas, niños y adolescentes están más expuestos al peligro de ser víctimas de explotación, violencia y abuso cuando cierran las escuelas, se interrumpen los servicios sociales y se restringen los desplazamientos, por lo que es fundamental que haya un movimiento social para erradicar la violencia y el abuso de niños similar al movimiento que pretende eliminar la violencia que sufren las mujeres”.

El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el 9 de abril emitió una Declaración expresando la preocupación por el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia COVID–19 en esta población en todo el mundo, particularmente los que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. El pronunciamiento emitido, insta a los Estado a respetar sus derechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Resolución 01/2020, sobre la Pandemia COVID-19 y los DDHH, en la que emitió recomendaciones a los Estados, señala que los  éstos a momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia, deben prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado en los derechos humanos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad, como las niñas, niños y adolescentes.