Defensoría del Pueblo presenta en foro latinoamericano la situación de la interrupción legal del embarazo en Bolivia
27 de Octubre de 2020 11:43 am
La Defensoría del Pueblo presentó el informe “Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como un Derecho Humano de las Mujeres”, en el Foro Latinoamericano y del Caribe para el Aseguramiento de Insumos de Salud Reproductiva (Foro LAC), que aglutina a instituciones de la sociedad civil que promueven el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica y el Caribe.
En el evento internacional, que se desarrolló de forma virtual este martes y cuya organización fue coordinada por Ipas Bolivia, participó la Coalición de Suministros para la Salud Reproductiva, asociación mundial de organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, que tiene como objetivo garantizar que todas las personas de los países de ingresos bajos y medianos puedan elegir, obtener y utilizar los suministros y servicios adecuados que necesitan para salvaguardar su salud reproductiva; además de las Naciones Unidas.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, describió los resultados alcanzados en la investigación que identificó la vulneración de derechos de mujeres, niñas y adolescentes respecto de la interrupción legal del embarazo establecida en la Sentencia Constitucional 206/2014 y sobre la aplicación de procedimientos técnicos por parte de prestadores de salud.
“En la región no existe precedente de instituciones nacionales defensoras de derechos humanos que hayan realizado investigaciones sobre la vulneración de derechos sexuales y reproductivos relacionados a la interrupción legal del embarazo o voluntario, como se denomina en otros países; por lo que este informe se convierte en el primero de su tipo en Latinoamérica”, destacó Cruz.
La importancia de socializar, visibilizar y dar a conocer este tipo de investigaciones, acotó, se fundamenta en la existencia de acciones de violencia contra la mujer, que se profundizan con la discriminación interseccional que se basa en factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación, asociados a condiciones de edad, género, situación económica, entre otras, que afecta a muchas niñas, adolescentes y mujeres, conforme se ha establecido por la Corte IDH en la Sentencia del Caso Gonzales Lluy vs. Ecuador.
Desde la emisión de la Sentencia Constitucional 206/2014 y el Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud, aprobado a través de la Resolución Ministerial 027/2015, la Defensoría del Pueblo registró 32 casos relacionados a interrupciones legales del embarazo, de los cuales 26 fueron registrados en 2019 y en los que se comprobó que en el 40% de éstos se registraban acciones vulneradoras a los derechos de las usuarias por parte de los prestadores de salud.
“La falta de acceso a mecanismos que permitan la interrupción legal del embarazo, conforme el estándar internacional en materia de derechos humanos, llega a generar situaciones de trato cruel, inhumano e incluso tortura en las mujeres que se ven expuestas a llevar un embarazo forzoso”, manifestó Cruz.