DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRESENTA PROYECTO DE LEY PARA CREAR UN BONO Y DAR ASISTENCIA INTEGRAL A HIJAS E HIJOS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO

La situación de desprotección y las repercusiones negativas que deja en la vida de niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres víctimas de feminicidio, hace necesario que se asuman medidas para garantizar su protección y desarrollo integral;  en ese contexto, la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, elaboró un proyecto de ley que fue remitido a la Asamblea Legislativa, en el que propone que el Estado otorgue asistencia económica e integral para las hijas e hijos víctimas de este delito, a fin de asegurar que tengan un nivel de vida adecuado y que no se vea afectada la evolución paulatina de sus capacidades  cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales.

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE ASISTENCIA ESTATAL INTEGRAL A HIJAS E HIJOS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO

El documento fue presentado este miércoles por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien manifestó que esta propuesta legal expresa la preocupación institucional ante el incremento de casos de feminicidio en el país, que no solo evidencia la vulneración del derecho a la vida de mujeres, sino que también genera un complejo y completo estado de desprotección y vulneración de derechos de las hijas e hijos víctimas de este delito; en ese marco plantea el principio de “prioridad absoluta” por el cual se establece que las hijas e hijos víctimas de feminicidio son “de preferente atención y protección, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y socorro en cualquier circunstancia”.

Explicó que el contenido del proyecto de ley está enmarcado en normativa nacional e internacional que establecen disposiciones para la garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes victimas de feminicidio y normativa comparada de países en los que se aplica medidas de asistencia como Argentina, Ecuador, Uruguay y Perú.

La propuesta normativa elaborada por la Defensoría del Pueblo, contiene medidas de asistencia integral como la creación del Bono de Asistencia Económica Estatal Mensual para cada hija o hijo víctima de feminicidio equivalente al 20% del salario mínimo nacional; un régimen de descuentos en los servicios de luz, agua y gas domiciliario y en las tarifas de transporte público interdepartamental (terrestre, férreo, aéreo o fluvial); Subsidio de Asistencia Nutricional consistente en un paquete de alimentos distribuido mensualmente.

Plantea el acceso y la permanencia en el sistema educativo y la implementación de una política pública que posibilite la otorgación de becas de apoyo económico y el seguimiento psicopedagógico del desenvolvimiento académico. Igualmente, se propone que las escuelas de formación superior, las universidades públicas y privadas, institutos técnicos garanticen becas anuales para el apoyo académico.

Para garantizar la salud mental de las hijas e hijos víctimas de feminicidio, quienes tengan la responsabilidad legal de su cuidado, deberán acudir como mínimo una vez cada dos meses a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio donde radiquen para que se les realice una valoración y seguimiento psicosocial.

Se plantea la inamovilidad laboral en el ámbito público y privado de las personas que tengan la responsabilidad legal del cuidado de la población beneficiaria, hasta que ésta asuma la mayoría de edad.

Ante la insuficiente información y registros oficiales sobre la situación de las hijas e hijos víctimas de feminicidios, se propone que el Ministerio de Justicia y Trasparencia Institucional, en el marco del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA), a través del Viceministerio correspondiente, cree el Registro Único de Hijas e Hijos Víctimas de Feminicidio en todo el territorio nacional; plantea también que los recursos para la implementación de las medias de asistencia integral sean financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN) conforme disponibilidad financiera; con donaciones nacionales o internacionales y transferencias de recursos de entidades e instituciones públicas y privadas.

Situación de las hijas e hijos víctimas de feminicidio

Según datos de la Fiscalía General, entre 2013 y 2018 se registraron 555 casos de feminicidio, de los cuales 220 fueron cerrados con la obtención de sentencias condenatorias, 324 se encuentran en proceso y 11 casos fueron recalificados o extinguidos. En los últimos tres años la cantidad de feminicidios se incrementaron, de 2016 cuando se registraron 104 casos a 109 en 2017 y a 128 casos en la gestión 2018. En lo que va de este año la cifra superó los 70 feminicidios.

De acuerdo a la Ley 348, en su artículo 36, las hijas e hijos menores de edad huérfanos,  deben ser puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en tanto se establezca la guarda legal, debiendo acceder toda la familia al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público y al sistema de atención que esta Ley prevé.  En 2018 sólo una adolescente de 13 años accedió a este programa, mientras que al 31 mayo de este año, según el Ministerio Público, ninguna niña, niño o adolescente se acogió al mismo.

Con referencia al Sistema de Asistencia de las Unidades de Protección a Víctimas y Testigos, la Fiscalía General reportó que en 2018, 66 hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio accedieron a la atención en esta Unidad; al 31 de mayo de este año, sumaron 20. Se desconoce el tipo de atención, social, psicológica o legal, que recibieron.

Datos reportados por el Consejo de la Magistratura señalan que durante 2018 y hasta el primer semestre de 2019, se registraron 114 procesos iniciados de guarda legal a nivel nacional de hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio. (Santa Cruz reportó 41 procesos;  Potosí 27; La Paz 18; Chuquisaca 12; Cochabamba 9; Beni 4; Oruro 2 y Tarija 1. Pando no reporta datos).

De los 114 procesos iniciado, Tarija y Santa Cruz reportaron una sentencia de guarda legal cada uno; Cochabamba reportó dos; los procesos restantes tiene como estado actual actos preparatorios; sentencia en apelación, presentado; auto de admisión entre otros.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), durante 2018, en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija, identificó un total de 12 hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio y durante el primer trimestre de  2019, identificó 2 en Beni y Tarija.

 

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE ASISTENCIA ESTATAL INTEGRAL A HIJAS E HIJOS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO