DEFENSORÍA DEL PUEBLO RATIFICA ALERTA Y RECOMENDACIONES AL ESTADO PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

La Paz, 8 de octubre de 2026 (UCOM-DPB).– La Defensoría del Pueblo ratificó sus recomendaciones a los diferentes niveles del Estado para salvaguardar el derecho a la alimentación de las familias bolivianas, sustentada en los resultados del reciente reporte del sondeo de alimentos que efectúa periódicamente desde agosto de 2024. La última publicación devela el encarecimiento de productos en cinco departamentos. 

“En el sondeo de junio y agosto, ya alertamos las deficiencias o problemáticas que hemos advertido en este reciente sondeo, y es que todavía persisten los niveles de riesgo de afectación a los derechos humanos (…) Primero hay que entender que genera una alerta a los diferentes niveles de gobierno, y, segundo, este último documento, el de septiembre, emite recomendaciones”, dijo el profesional de Investigaciones Defensoriales, Javier Mamani. 

Explicó que el último reporte cualitativo y comparativo, levantado entre el 31 de julio y el 25 de septiembre de 2026 en las nueve capitales departamentales y la ciudad de El Alto, evidenció una fuerte presión sobre la canasta familiar mostrando picos extremos de encarecimiento en La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Tarija. De 21 alimentos observados, 18 registraron alzas considerables, por ejemplo, en el departamento de Cochabamba, donde se registró el mayor incremento como la zanahoria con un alza de un 293%. 

Para contrastar estos datos con las condiciones de vida de la población, se realizaron 63 entrevistas semiestructuradas a jefes de hogar, madres de familia y grupos prioritarios. Dando los siguientes resultados: el 71% de los consultados no puede cubrir la alimentación de su hogar con su presupuesto habitual, destinando la gran mayoría más de la mitad de sus ingresos a subsistir. Ante esta situación los participantes del sondeo buscaron opciones como comprar en menores cantidades y prescindir de insumos esenciales como carne de res o pollo para reemplazarlos por alternativas más económicas como el huevo. Incluso otros, redujeron el número de comidas diarias, viéndose obligado a suprimir raciones como la cena o los refrigerios. 

Asimismo, los resultados del sondeo advierten que la afectación golpea con mayor rigor a personas con discapacidad (85%) y adultas mayores (75%), quienes sufren un deterioro crítico en su dieta de subsistencia y en entrevistas manifestaron sus preocupaciones. 

Mamani explicó que esta labor no constituye un estudio estadístico o macroeconómico como el que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística, sino un monitoreo de derechos humanos orientado a emitir alertas tempranas y prevenir situaciones de regresión en el acceso a la alimentación. “Nosotros hacemos un sondeo defensorial en el marco de las competencias de un monitoreo de derechos humanos, en este caso del derecho de la alimentación”, complementó. 

Frente a la persistencia de estos riesgos, la Defensoría del Pueblo reiteró sus alertas y ratificó recomendaciones puntuales al Estado: exhortó al nivel central a implementar medidas de accesibilidad económica; demandó a los gobiernos departamentales proteger a sectores vulnerables mediante sus instancias sociales; y conminó a los gobiernos municipales y Concejos a fortalecer la normativa local, habilitar canales accesibles de denuncia ciudadana, fiscalizar balanzas para garantizar peso exacto y reforzar las inspecciones de las intendencias en los mercados de abasto.