Defensoría del Pueblo reafirma cuestionamiento de omisión de consulta previa, libre e informada a comunarios de Nor Lípez
05 de Junio de 2025 09:54 pm
La Paz junio 06 (UCOM/DPB).- La Defensoría del Pueblo participó hoy como tercero interesado en la Acción Popular interpuesta por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), en busca de proteger los derechos colectivos de 53 comunidades indígenas en Nor Lípez, Potosí, el juez asignado al caso denegó la tutela solicitada emitiendo el fallo sin ingresar al fondo de la acción constitucional.
“Lamentablemente la autoridad jurisdiccional no ha comprendido a cabalidad los argumentos que, en resguardo a los derechos del medio ambiente, el derecho al agua planteado por la Defensoría del Pueblo, la autoridad jurisdiccional ha comprendido un tanto equivocadamente que la pretensión planteada en sede constitucional estaba vinculada a dejar sin efecto contratos administrativos, lo que en esencia no era el planteamiento; sin embargo, se ha dejado patente el interés irrestricto que tiene la Defensoría del Pueblo en sentido de resguardar derechos de naturaleza colectiva y difusa”, explicó el Jefe de la Unidad de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Heriberto Pomier.
Asimismo, explicó que, independientemente de que a la fecha, los contratos administrativos suscritos por Yacimientos de Litio Bolivianos ya están en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, “lo que ha cuestionado (la Defensoría del Pueblo) es que no se respetó la consulta libre, previa e informada”, a los comunarios de Nor Lípez.
La Acción Popular fue interpuesta por la Directiva de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) en contra del Presidente Ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y el Presidente de la Cámara de Diputados, por vulneración de derechos colectivos de 53 comunidades indígenas del Territorio de Nor Lípez – Potosí.
El 13 de febrero de la gestión en curso, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, sostuvo una reunión con representantes del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) de Nor Lípez, junto a otras instituciones, en la que remarcó que “(…) se están priorizando temas como la consulta previa, procesos en los que se deben aplicar los estándares internacionales. Los temas: medioambiental, agua, recursos hídricos, y sobre todo el acceso y transparencia en la información, porque si no sabemos lo que está pasando en nuestros territorios no vamos a poder tomar decisiones adecuadas”.
El juez asignado al caso dispuso dejar sin efecto las medidas cautelares dispuestas por resolución de fecha 27 de mayo de 2025 y exhortar a la Asamblea legislativa Plurinacional de manera urgente e inmediata, elabore y apruebe una Ley general de consulta previa que garantice los derechos de los pueblos indígena originario campesinas en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas y la CPE.
Tras la conclusión de la audiencia, el jefe de la Unidad Constitucional de la Defensoría del Pueblo, remarcó que, como institución, “estamos aún a la expectativa de lo que diga el Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión, (…) se realizará el seguimiento a la etapa de revisión que tenga esta de petición de tutela”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, a través de sus redes sociales, señaló: “Nuestra prioridad es garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos durante este importante proceso”.
