DEFENSORÍA DEL PUEBLO REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA REPARACIÓN INTEGRAL PARA LAS VÍCTIMAS DE LA CRISIS DE ESTADO DE 2019

La Defensoría del Pueblo celebra la aprobación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley Nº 181/2024-2025, “Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos cometidos en rupturas del orden constitucional”. Este avance es fundamental para garantizar justicia y reparación a las víctimas de la crisis post-electoral de 2019; quienes a más de cinco años de los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019 se encuentran a la espera de la aprobación de esta norma.

Desde 2022, la Defensoría del Pueblo ha participado de manera sostenida en la construcción del proyecto en las Mesas Técnicas Interinstitucionales, junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y otras instancias de Estado, asegurando que se cumpla con los estándares internacionales y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En etapas posteriores (2023-2025), se realizó un seguimiento permanente, priorizando la participación activa de las víctimas y asistiendo al debate legislativo, incluyendo las sesiones del 1 y 2 de octubre de 2025, donde se aprobó el Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados.

El Proyecto de Ley Nº 181/2024-2025 busca establecer un marco legal para garantizar las medidas de reparación integral a las víctimas de las violaciones a derechos humanos ocurridas entre el 1 de septiembre de 2019 al 7 de noviembre de 2020, incluyendo la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Este enfoque integral considera tanto las dimensiones individuales como colectivas, abarcando aspectos materiales, inmateriales, morales y vinculados al proyecto de vida de las víctimas.

En el Informe Defensorial “Crisis de Estado – Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, la Defensoría del Pueblo documentó varias vulneraciones y recomendó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la aprobación de una Ley de Reparación Integral, alineada con las recomendaciones del GIEI y la Misión de Seguimiento Especial (MESEG) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que subrayaron la necesidad de una normativa de rango legal para implementar mecanismos de reparación.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo solicitó, a través de una nota, al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y al Pleno de dicha instancia legislativa, que prioricen el tratamiento del Proyecto de Ley Nº 181/2024-2025. La pronta aprobación de esta normativa es clave para que el Estado boliviano cumpla con sus obligaciones internacionales, tal como lo establece el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que señalan que “toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”.

La institución defensorial reafirma su compromiso de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y de continuar acompañando a las víctimas en la búsqueda de justicia y reparación. Este proceso no solo es un acto de reconocimiento hacia quienes han sufrido, sino también un paso esencial para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia.

La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

La Paz, 2 de octubre de 2025.