DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECHAZA DECISIÓN FISCAL QUE DEJA EN INDEFENSIÓN A MUJERES TRANSPORTISTAS AGREDIDAS EN EL ALTO

La Defensoría del Pueblo rechaza la decisión asumida por la Fiscal de Materia de El Alto, Shirley Elisa Nava Coba, al determinar que no existen elementos materiales ni testimoniales suficientes para imputar formalmente a los sindicados del sindicato de radiotaxi “Taxi Sur”, quienes habrían protagonizado agresiones físicas, verbales y racistas contra mujeres transportistas de la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras (CE.MU.P.E.) durante el acto de inauguración de la línea de transporte “Lila”, el pasado 3 de octubre en la zona Ciudad Satélite de El Alto.

Según el requerimiento fiscal, pese a que se reconocen los hechos de violencia, se concluyó que no existe un nexo causal entre los sindicados y los insultos racistas, además de que los certificados médicos forenses no establecen días de incapacidad ni se identificaron instrumentos contundentes. Esta decisión genera preocupación institucional, al evidenciar la falta de una investigación exhaustiva que contemple los estándares de debida diligencia, objetividad y enfoque de género y no discriminación.

La Defensoría del Pueblo recuerda que el caso reviste especial relevancia al involucrar posibles vulneraciones a derechos fundamentales de mujeres, consagrados en la Constitución Política del Estado, como el derecho a la igualdad y no discriminación (art. 14.II), a la integridad personal (art. 15), y los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia reconocidos en la Ley N.º 348. Asimismo, el uso de expresiones racistas y degradantes constituye una forma de violencia simbólica y estructural que afecta la dignidad y la participación laboral de las mujeres indígenas trabajadoras.

En este marco, la Defensoría del Pueblo insta al Ministerio Público profundizar las investigaciones para esclarecer los hechos. Asimismo, exhorta a aplicar la Ley N.º 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y la Ley N.º 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, garantizando el acceso a la justicia y la no revictimización de las agredidas.

La institución defensorial informa que ya ha coordinado con el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de El Alto y con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) para la atención y protección de las víctimas, y solicita al Fiscal Departamental de La Paz un informe detallado sobre el estado de la investigación, las actuaciones fiscales realizadas y las medidas adoptadas para asegurar el debido proceso y la protección de los derechos de las mujeres afectadas.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de acompañar y supervisar este caso, velando porque los hechos de racismo y violencia de género no queden en la impunidad y sean tratados con la seriedad y sensibilidad que ameritan, en concordancia con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los órganos del Estado.

La Paz, 06 de octubre de 2025