DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECHAZA TODA FORMA DE VIOLENCIA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional y legal conferido por el artículo 218 de la Constitución Política del Estado y la Ley Nro.870, y en cumplimiento de los principios de interés superior, prioridad absoluta y protección integral establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley Nro.548 (Código Niña, Niño y Adolescente), expresa su profunda preocupación por el hecho de violencia extrema registrado el 31 de julio de 2025 en una unidad educativa de la comunidad de Satélite Norte, departamento de Santa Cruz, donde una adolescente de 13 años fue agredida con un arma blanca por otra adolescente de 15 años, atentando contra su vida e integridad.

Este hecho, ocurrido dentro del establecimiento educativo, pone en evidencia graves debilidades en los mecanismos de prevención, seguridad y respuesta ante situaciones de riesgo en el entorno escolar. Las heridas infligidas a la víctima y el fuerte impacto emocional en la comunidad educativa constituyen una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 15, 60 y 61 de la Constitución Política del Estado, así como en los artículos 9, 11, 115, 147, 150, 151 y 262 del Código Niña, Niño y Adolescente, que establecen la protección contra todo tipo de violencia, el derecho a la integridad personal y el debido proceso, incluso cuando se trata de adolescentes en conflicto con la ley.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad con la víctima y su familia, y comunica que dará seguimiento al caso. Asimismo, exhorta al Ministerio Público y a la Policía Boliviana a realizar una investigación oportuna, diligente y con enfoque de niñez y género, en observancia de los procedimientos especiales establecidos en el Código Niña, Niño y Adolescente para casos que involucran a adolescentes como presuntos responsables. Las acciones deben respetar el debido proceso, priorizar medidas socioeducativas y garantizar los derechos tanto de la víctima como de la adolescente agresora, en el marco del principio de justicia restaurativa.

Solicita al Ministerio de Educación, junto con los Gobiernos Autónomos Municipales y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, revisar y fortalecer de manera urgente el “Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en casos de Violencia Física, Psicológica y Sexual en Unidades Educativas”, así como el protocolo de actuación ante violencia entre pares, establecidos en la Resolución Ministerial 001/2025.

Reitera la importancia de implementar de forma efectiva los Planes de Convivencia Pacífica y Armónica, conforme al Código Niña, Niño y Adolescente y los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Educación, integrando acciones de prevención, formación en derechos humanos y participación activa de estudiantes, familias y personal educativo y fortalecer la figura del Defensor y Defensora Estudiantil para que puedan alertar de manera temprana, hechos que adviertan al interior de sus Unidades Educativas y darlo a conocer a su Director o Directora o Comisión de Convivencia Pacífica y Armónica y estos adultos puedan tomar las medidas correspondientes.

La Defensoría del Pueblo recuerda que la protección de la niñez es una obligación indelegable del Estado, que debe ejercerse de manera coordinada por los tres niveles de gobierno. La violencia escolar no puede atenderse únicamente tras los hechos, sino mediante políticas públicas integrales y sostenidas de prevención y protección. También recomienda a los padres, madres, guardadores y tutores promover la convivencia armónica al interior del hogar y a mantener una comunicación cercana con sus hijas e hijos, fomentando espacios de confianza que permitan detectar a tiempo posibles situaciones de acoso o violencia entre pares. 

Por el derecho a estudiar, vivir y crecer en paz y seguridad.

 La Paz, 1 de agosto de 2025.