DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECHAZA USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA EN MANIFESTACIONES SOCIALES

Ante los recientes hechos suscitados en contra de activistas ambientales que realizaban manifestaciones de protesta por los incendios forestales, la noche del 11 de septiembre del año en curso, la Defensoría del Pueblo recuerda al Estado que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido un marco jurisprudencial sólido que busca garantizar que el uso de la fuerza se realice de manera legítima, necesaria y proporcional, siempre respetando los derechos humanos.

Asimismo, en atención al art. 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) todas las instancias estatales como el Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana, Ministerio Público tienen la obligación de respetar el derecho a la reunión, que de conformidad con el desarrollo jurisprudencial interamericano abarca tanto reuniones privadas como reuniones en la vía pública, sean estáticas o con desplazamiento; además que en virtud de este derecho se puede reclamar la protección de otros derechos, por ende, el derecho a la reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática.

En esa misma línea, es importante recordar que el Acuerdo de Escazú (ratificado por Bolivia mediante Ley 1182), en su art. 9 establece que los Estados Parte deben garantizar entornos seguros para las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales y que estos actúen sin amenazas, restricciones e inseguridad; asimismo, en el marco de este Acuerdo el Estado deberá asumir acciones apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que sufran los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo expresa su profundo rechazo al accionar de las fuerzas del orden en la represión ejercida contra el activista ambiental Juan Giacoman, quien registra ocho impactos de proyectil tipo balín en su espalda y, actualmente, se encuentra en calidad de aprehendido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), por lo que se exhorta a las autoridades competentes a enmarcar su accionar en respeto a las normas vigentes.

La Defensoría del Pueblo continuará realizando el seguimiento al caso, velando por el respeto y protección de los derechos humanos.

La Paz, 12 de septiembre de 2024