DEFENSORÍA DEL PUEBLO REITERA SOSTENIDA CRISIS HUMANITARIA EN CENTROS PENITENCIARIOS Y EXHORTA AL ESTADO A UNA ATENCIÓN URGENTE

La Paz, 20 de agosto de 2026 (UCOM-DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reiteró la existencia de una sostenida crisis humanitaria en los centros penitenciarios de Bolivia y exhortó al Estado a brindar una atención urgente a la situación de las personas privadas de libertad. Advirtió que en los últimos años se identificaron problemáticas recurrentes, entre las que destacan las deficiencias en la alimentación y el hacinamiento.

“Hace un par de años, José Luis Caballero, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionó: ‘Hay una crisis casi de carácter humanitario en las cárceles de Bolivia’. Hacemos énfasis en esta situación porque este informe (2025) permite ratificar los hallazgos de 2024, los cuales se fueron agravando”, afirmó el Defensor del Pueblo durante la presentación del ‘4.° Informe Anual 2025 - MNP Bolivia’.

Bajo ese preámbulo, Callisaya indicó que la Defensoría del Pueblo, en su rol como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), emitió recomendaciones en sus informes de 2022, 2023 y 2024 referidas a patrones sistemáticos de desatención estatal, tales como la inseguridad sanitaria, el pago inoportuno de prediarios y el uso excesivo de la detención preventiva.

Respecto al informe 2025, la autoridad remarcó que se “ratifica la situación alarmante del sistema penitenciario”, al registrarse una población de 33.058 personas privadas de libertad. “Es una progresión preocupante, ya que en 2020 se tenía el dato de 17.305 internos. En pocos años la cifra se incrementó en casi un 100%, reflejando el hacinamiento y las debilidades en materia de seguridad”, aseveró el Defensor.

Frente a este escenario, señaló que las recomendaciones formuladas para la gestión 2025 exigen medidas inmediatas, entre ellas: mitigar el hacinamiento extremo mediante jornadas de descongestionamiento y proyectos de ley de indulto; garantizar el pago puntual y completo de los prediarios para asegurar la alimentación; y asegurar la atención integral a niñas, niños y adolescentes en centros de acogida y reintegración.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones en el ‘4.° Informe Anual 2025 - MNP Bolivia’ dirigidas a instituciones del nivel central y subnacional, entre las que figuran el Ministerio de Gobierno, la Dirección General de Régimen Penitenciario, el Órgano Judicial, la Policía Boliviana, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud y Deportes, y los Gobiernos Autónomos Departamentales.

Esta labor responde al mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo, entidad que, mediante la Ley N.° 1397 de 2021, asumió formalmente el rol de MNP en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT).