Defensoría del Pueblo reprocha actos de hostigamiento contra la Casa de la Mujer en Santa Cruz

La Defensoría del Pueblo rechaza los actos de hostigamiento contra la Casa de la Mujer en la ciudad de Santa Cruz y sus representantes, a quienes se las acusaría de una parcialización política por no acatar el paro instruido por el Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Reitera a los diferentes actores políticos y sectores de la sociedad que la violencia contra la mujer no tiene afinidad política y que los diferentes servicios que garantizan la prevención, atención, protección y sanción penal en casos de violencia contra la mujer no pueden estar supeditadas a exigencias o autorizaciones políticas.

Conforme a la Corte IDH, la defensa de los derechos humanos radica en la labor que se realiza, con independencia de que la persona que lo haga sea un particular, un funcionario público o una institución, resaltando que la defensa de los derechos no solo atiende a los derechos civiles y políticos, sino que abarca necesariamente los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentra el derecho que tienen las mujeres a una vida digna y libre de violencia.

Así también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diferentes pronunciamientos e informes temáticos respecto a la labor de los defensores de los derechos humanos, estableció que los discursos de desprestigio a la labor que desempeñan los defensores de derechos humanos y de sus organizaciones afectan a su credibilidad y la integridad de las actividades relativas a los derechos humanos ante la sociedad.

Por tanto, es un deber de los Estados evitar el que se incrimine públicamente a un defensor, defensora u organización defensora de derechos humanos, no pudiendo tolerar ningún intento de parte de autoridades o de organizaciones que pongan en duda la legitimidad de su trabajo, que estigmaticen o sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Estado boliviano garantizar el normal funcionamiento de la Casa de la Mujer de la ciudad de Santa Cruz, brindando medidas de resguardo policial de sus representantes y en caso que amerite realizar los procesos penales correspondientes, ante las amenazas y el hostigamiento de las cuales fue objeto el día de hoy.

La Paz, 15 de noviembre de 2021