DEFENSORÍA DEL PUEBLO REPUDIA LA VIOLENCIA SEXUAL DIGITAL Y EXIGE AL ESTADO LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional y atribuciones legales, expresa su más enérgico repudio ante toda forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, especialmente aquella perpetrada mediante medios digitales, como la pornografía infantil. Los operativos realizados por la Policía Boliviana en julio de 2025, que desarticularon dos redes criminales y confiscaron más de 11.000 archivos de alto contenido violento y sexual, evidencian la alarmante vulneración de derechos en entornos digitales. Según el Ministerio Público, hasta junio se registraron 136 casos, cifra que subestima la magnitud real de este delito, considerado una de las formas más extremas de explotación y violencia sexual.

Si bien la Ley N° 263 tipifica la pornografía infantil como delito, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente frente a su expansión digital, caracterizada por el anonimato, la transnacionalidad y la rápida circulación de contenidos. Por ello, la Defensoría del Pueblo reafirma que se requiere una respuesta integral, articulada y sostenida, con participación activa de Estado y sociedad. Desde 2023 impulsamos las Mesas Departamentales “Voces Unidas”, espacios de coordinación para promover leyes, políticas públicas preventivas, campañas de promoción de derechos humanos y fortalecimiento de sistemas locales de protección.

En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) 2025, el Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia recomendó al Estado boliviano la adhesión a tratados internacionales sobre protección frente a la cibercriminalidad y abuso sexual infantil. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo insta al Estado a la adhesión al Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa comúnmente conocido como Convenio de Budapest, como medida urgente para enfrentar de manera más eficaz los delitos sexuales digitales y facilitar la cooperación internacional en su investigación y sanción.

Recordamos también, que Bolivia es Estado parte del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, instrumento internacional que impone al Estado la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales eficaces para prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de delitos.

En consecuencia, exhortamos al Estado boliviano a asumir con mayor determinación su deber de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo los marcos normativos, asignando recursos suficientes, garantizando el funcionamiento especializado del sistema de justicia y adoptando una política estatal de “tolerancia cero” frente a toda forma de violencia sexual digital.

Asimismo, hacemos un llamado a madres, padres, cuidadores, educadores, medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto a ejercer un rol corresponsable, mediante el acompañamiento, la vigilancia informada y la creación de entornos digitales seguros, donde prevalezcan el respeto, la dignidad y el cuidado mutuo.

Desde la Defensoría del Pueblo reafirmamos con convicción nuestro compromiso con la niñez y adolescencia, reiterando con firmeza que: ¡Ni una niña, ni un niño más víctima de violencia sexual digital!

 

La Paz, 21 de julio de 2025