DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEÑALA QUE MÁS DEL 63% DE LAS MUJERES GESTANTES SUFREN VIOLENCIA GINECOBSTÉTRICA Y PROPONE UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA REVERTIRLA

La Paz, 4 de abril de 2019.- Datos oficiales señalan que en Bolivia más del 63% de las mujeres que fueron atendidas durante su parto en un centro de salud, fueron víctimas de violencia ginecobstétrica. A partir de esta realidad, la Defensoría del Pueblo elaboró una propuesta de política pública para prevenir este tipo de violencia de género, que se ejerce dentro de un marco de subordinación y discriminación que deriva en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos.

“La violencia obstétrica y ginecológica involucra distintos tipos de violencia hacia las mujeres, como la violencia física, psicológica, institucional y simbólica, no obstante se constituye en este momento la violencia de género menos registrada, más silenciada y naturalizada en nuestra sociedad, lo que lleva a que las mujeres violentadas en algunos casos, no presenten reclamos o quejas sobre comportamiento vejatorios que pudieron haber recibido en algún centro de salud”, afirmó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa.

No obstante, precisó, la Encuesta de Prevalencia y Características de Violencia contra la Mujer del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2017 muestra quejas de mujeres que indicaron que, en los últimos cinco años, fueron sometidas a múltiples formas de maltrato durante su gestación, parto y postparto. Los mayores reclamos apuntan a los hospitales públicos con un 68,3%, a nosocomios de la seguridad social con 64,2% y un 35,4% en clínicas privadas. “Este dato nos confirma que la violencia obstétrica se presenta en todos los estratos sociales y aun cuando se pagan altas sumas de dinero por el servicio”, remarcó la Defensora.

Recordó que ya en 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS), por primera vez se refirió específicamente a la violencia obstétrica y declaró que “en todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no sólo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación”.

La propuesta trabajada por la Defensoría del Pueblo será presentada a los ministerios de Justicia y Salud; fue trabajada con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y tiene como principal objetivo contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; aportando además, en la eliminación de prácticas y actitudes racistas y/o discriminatorias de parte del personal de salud.

Su construcción está basada en consultas realizadas a diversos actores del sector salud y de la sociedad civil, en las que se recogieron insumos; asimismo, se llevaron a cabo grupos focales y entrevistas en profundidad en los nueve departamentos del país a representantes del Ministerio de Salud, ginecólogos, ginecólogas, obstetras, licenciadas en enfermería, licenciadas en trabajo social de establecimientos de salud de II y III nivel; representantes de SEDES; oficinas del Defensor del Paciente; representantes de instituciones como UNFPA, CIES, OPS/OMS, Mesa de Maternidad y Nacimiento Seguros y la Red Boliviana de Humanización del Parto y Nacimiento. De manera paralela se revisaron normativas tanto de países cercanos a la región como de Bolivia, relativas al tema.

En ese marco, se logró identificar una serie de problemáticas que dificultan la prevención de esta violencia, como son la prevalencia de una formación médica, normas de conducta, políticas institucionales y prácticas, que resultan en una despersonalización de las mujeres en la atención ginecobstétrica; prevalencia de prácticas de atención que incumplen con lo establecido en la normativa de salud con relación a la aplicación de las mejores prácticas basadas en la evidencia, para la atención del embarazo, parto, nacimiento y puerperio; pérdida de autonomía de las mujeres por la falta de respeto a su capacidad y protesta de decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo y sexualidad.

También se identificó una atención de la salud reproductiva y en especial de la salud materna, en base a la comodidad y el protagonismo del personal médico, de enfermería, internos y residentes; vigencia de prácticas de atención del embarazo, parto, nacimiento y puerperio que otorgan poco valor a la participación e involucramiento de la pareja, la familia y la comunidad; espacios no adecuados ni acondicionados para brindar una atención humanizada del parto y nacimiento; inexistencia de mecanismos de registro y atención a la violencia ginecobstétrica; y prevalencia de una cultura y sociedad permisiva de este tipo de violencia.