Defensoría del Pueblo solicita a las instancias estatales competentes disponer de oficio las medidas de protección en favor de Titer Cuéllar Alvarado
10 de Febrero de 2022 09:52 am
El 5 de enero, Edil Cuéllar Cuéllar, padre de Titer Cuéllar Alvarado, denunció a la Delegación Departamental de Santa Cruz que la Policía busca a su hijo por el asesinato del empresario y cantante Víctor Hugo Cuéllar Gonzales, pese a que, según él, Titer es inocente de ese crimen. En esa ocasión, entregó pruebas que incriminan a otra persona, a Gerson Paúl Limachi Condori, alias ‘Mamá osa’.
Recordó que el asesinato ocurrió el 24 de noviembre de 2021, ocasión en la que Titer estaba en el municipio de San Carlos de Yapacaní, donde vive desde agosto de 2021, dedicado a la agricultura. Edil Cuéllar señaló que teme que su hijo sea detenido y presionado para que se declarare culpable y considera que corre riesgo su vida.
De acuerdo con la denuncia del padre, la Policía intenta inculpar a Titer porque éste estuvo recluido 10 años en el penal de Palmasola por el delito de robo y con la finalidad de encubrir al verdadero “autor”. Dijo que su hijo sospecha de Paulo Limachi, pues en las redes sociales circula un video en el que éste acepta haber acribillado al empresario y revela que arregló con un juez, a cambio de altas sumas de dinero, una condena de sólo dos años de prisión y que pronto saldrá libre.
Víctor Hugo Cuéllar Gonzales de 51 años de edad, propietario de la agencia de viajes y turismo Vicmar Services Travel, fue acribillado por dos antisociales con cinco impactos de bala, el 24 de noviembre de 2021, cuando llegaba a su domicilio en la avenida Prefecto Rivas, zona El Alto San Pedro. Entonces, le arrebataron un bolsón con dinero.
La Defensoría del Pueblo, el 28 de enero, hizo conocer estos antecedentes y pruebas en una reunión con el Fiscal Departamental, Róger Rider Mariaca Montenegro, el Fiscal de Materia, Windsor Hernán Ortiz Bascopé, el Cnl. Edson Claure, Director de la FELCC, el Cnl. Erick Holguín, Comandante Departamental de la Policía, y posteriormente, remitió un informe y las pruebas al fiscal Ortiz.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha activado el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos, que se encuentra a cargo del Ministerio de Gobierno, Ministerio Público y la Policía Boliviana. Tampoco el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha iniciado la investigación por los supuestos hechos de corrupción de la Policía Boliviana.
La institución defensorial recuerda que estas instancias de Estado pueden de oficio, con el consentimiento de la persona protegida, adoptar las medidas de protección con la máxima celeridad, a través de procedimientos informales y expeditos en cumplimiento de la Ley 458.
Titer Cuéllar, el 9 de febrero, manifestó, a través de redes sociales y medios de comunicación, que se siente perseguido y afectado al punto que se ve obligado a huir del país para resguardar su libertad, integridad e, incluso, su vida. En la misma fecha, la Fiscalía emitió una citación contra Titer.
La institución defensorial señala que no existe ninguna garantía de protección para la presencia de Titer, toda vez que éste hizo conocer públicamente situaciones irregulares en contra de la justicia, y, por el contrario, parece que existiese una persecución en su contra. Además, recuerda que en todo proceso penal debe garantizarse la presunción de inocencia y que durante la investigación penal debe precautelarse el debido proceso, el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y a la Fiscalía General del Estado que dispongan de oficio las medidas de protección en favor de Titer Cuéllar Alvarado. Además, pide al Ministerio de Gobierno que investigue al personal policial vinculado en este caso.
Además, demanda al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que investigue los hechos de corrupción denunciados y que informe si accionará en el proceso penal por el asesinato.
La Paz, 10 de febrero de 2022