Defensoría del Pueblo solicita que la ASFI respete los derechos financieros de los prestatarios y demanda al Gobierno reforzar el plan económico de rescate

La Defensoría del Pueblo considera que las circulares de la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI), respecto al pago de los diferimientos de los créditos bancarios y referidos a los clientes del mercado de seguros, favorecen a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y restringen los derechos de los usuarios financieros.

“Debemos enfatizar que las medidas administrativas adoptadas por la ASFI contradicen evidentemente la Constitución Política del Estado, La Ley No 1294 y el Decreto Supremo No 4206, vulnerando en consecuencia los derechos de los usuarios de los servicios financieros”, indica la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Para ella, la Carta Circular/ASFI/DNP/CC-2785/2020 emitida por la ASFI vulnera los principios que rigen al Sistema Financiero, toda vez que no existe claridad en el periodo de diferimiento, “los seis meses posteriores deberían ser definidos una vez que acabe la cuarentena y no antes, además con una fecha homogénea, porque algunos bancos puedan ser más rígidos y otros más flexibles lo que restringiría la negociación a la imposición temporal, restando, por ejemplo, la posibilidad de diferir el pago en lo que queda de vida del crédito, entre  otras.

La Defensora, solicita que la ASFI ejerza adecuadamente su función reguladora para controlar y fiscalizar al Sistema Financiero en coherencia con los derechos de los consumidores financieros, y de manera urgente emita una nueva Carta Circular en cumplimiento de la Ley Nº 1294 y del Decreto Supremo Nº 4206, determinando el diferimiento en el pago de prestaciones bancarias y consiguientes pagos de seguros una vez acabe la cuarentena, previo acuerdo con los consumidores financieros bajo las opciones que manda la misma Ley.

“La ASFI debe regular, controlar y fiscalizar a las EIF para que una vez acabe la cuarentena y durante los 6 meses, no sometan arbitrariamente a los prestatarios, bajo reglas ilegales, de manera tal que se pueda generar adecuadas programaciones convenidas para el diferimiento en los pagos de cuotas de préstamos bancarios y pagos de seguro, considerando la diferenciación entre sectores económicos de la población de prestatarios, así como la pertenencia de los usuarios financieros a grupos en situación de vulnerabilidad” aseveró.

Por último exhortó al Gobierno a reforzar y replantear las medidas de rescate económico ante la pandemia del COVID-19, mediante medidas económicas integrales y articuladoras, “Es necesario planes complementarios de reactivación económica, sobre todo para los pequeños microempresarios o personas que tienen negocios pequeños, cuidando el empleo y cuidando los créditos de vivienda, vivienda social y productivos”, señaló Cruz.