DEFENSORÍA DEL PUEBLO VELA DEBIDO PROCESO EN DECESO DE ADULTO MAYOR EN CORIPATA Y PIDE INFORMES A LA FISCALÍA Y LA POLICÍA BOLIVIANA

La Paz, 9 de mayo de 2025 (UCOM/DPB).- Tras el fallecimiento de una persona adulta mayor a causa de un disparo en la cabeza durante un conflicto minero en la localidad de Santa Rosa de Lima - Arapata, del municipio de Coripata, en la región de Los Yungas de La Paz, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que la institución que dirige hace seguimiento del debido proceso de las investigaciones.

“Al tomar conocimiento del suceso, mediante la oficina en Caranavi, se registró el caso y se activaron varias acciones en la línea del debido proceso, a fin de que el hecho no quede en la impunidad. Estamos recabando y confirmando las informaciones, pero hay un tema transversal que es la explotación minera que tiene incidencia en el medio ambiente y está generando problemas entre poblaciones con las actividades extractivistas”, dijo el Defensor del Pueblo, en contacto con medios de comunicación.

Entre las acciones defensoriales urgentes, la institución defensorial emitió Requerimientos de Informes Escritos (RIE) al Fiscal Departamental de La Paz y a la Policía Rural y Fronteriza de Coripata.

El personal de la Coordinación Regional de los Yungas de la Defensoría del Pueblo, entrevistó al responsable del Centro de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Coripata y confirmó que el caso fue atendido en el Centro de Salud Santa Rosa. También, se tomó contacto con la Policía Rural y Fronteriza de Coripata, quienes corroboraron que existen tres personas aprehendidas. 

Según el informe de la Coordinación Regional de Los Yungas hasta el mediodía de hoy, la Fiscalía de Materia aún no disponía del Certificado Médico Forense, documento necesario para la emisión de la resolución de imputación formal contra los presuntos autores. Personal de la Defensoría del Pueblo estará presente en la audiencia de medidas cautelares en calidad de veedor.

Finalmente, el Defensor del Pueblo exhortó a las autoridades competentes a actuar con prontitud para atender las demandas de la población y prevenir la radicalización de las medidas de presión. Asimismo, recordó al Estado, en todos sus niveles de gobierno, su obligación de garantizar el respeto a la dignidad humana, así como el cumplimiento y la protección de los derechos humanos, como fundamento esencial para una convivencia armónica.