DEFENSORÍA DEL PUEBLO VELA POR LA NO VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS MEDIANTE MONITOREO Y VERIFICACIONES NACIONALES
22 de Diciembre de 2025 07:28 pm
La Paz, 22 de diciembre de 2025 (UCOM/DPB).– La Defensoría del Pueblo desplegó hoy un monitoreo y acompañamiento a nivel nacional ante las movilizaciones, bloqueos y medidas de presión registradas en distintos departamentos del país tras la implementación del Decreto Supremo N.º 5503, que dispone el retiro de la subvención a los carburantes. Durante la jornada, las Delegaciones Defensoriales Departamentales y Coordinaciones Regionales realizaron acciones de seguimiento a las marchas, verificación de puntos de bloqueo y visitas no anunciadas a centros de acogida, centros penitenciarios, hospitales y terminales de transporte, con el objetivo de prevenir vulneraciones de derechos humanos, identificar riesgos y promover una salida pacífica al conflicto.
En La Paz, la Defensoría del Pueblo acompañó las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana, sectores fabriles y mineros, y sostuvo reuniones con autoridades policiales. A primera hora de la jornada, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó que la institución defensorial “monitorea permanentemente las movilizaciones y recomienda evitar cualquier hecho de violencia o exceso en el uso de la fuerza pública”, reafirmando la obligación del Estado de garantizar el derecho a la protesta pacífica y la integridad de las personas.
En Cochabamba y el Trópico, donde se registraron múltiples puntos de bloqueo urbano y carretero, así como marchas, el monitoreo defensorial constató que, si bien no se produjeron enfrentamientos, “los bloqueos han generado dificultades en la circulación vehicular y afectaciones al transporte público, impactando en el traslado de trabajadores, personal de salud y servidores públicos”. Asimismo, se alertó sobre la circulación reducida de minibuses y micros, lo que obligó a la población a asumir costos adicionales.
En Oruro, el personal defensorial verificó bloqueos en vías estratégicas que conectan rutas interdepartamentales e internacionales, constatando que las operaciones de transporte fueron suspendidas, dejando a una cantidad considerable de usuarios varados en la terminal de buses. Asimismo, se realizaron verificaciones en el Centro Penitenciario San Pedro y en centros de acogida, donde se informó que la alimentación se desarrolla con normalidad, aunque se advirtió sobre posibles dificultades futuras de reabastecimiento por el incremento del costo de los insumos.
Respecto a la situación de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas privadas de libertad, la Defensoría del Pueblo verificó que, en la mayoría de los centros visitados a nivel nacional, la provisión de alimentos y servicios básicos se mantiene estable gracias a compras anticipadas y contratos vigentes, según el reporte de los responsables entrevistados; no obstante, varios expresaron preocupación por el corto y mediano plazo. En el Hogar Transitorio 24 Horas de El Alto, por ejemplo, se señaló que “la principal afectación es la dificultad del personal para llegar a sus turnos debido a la falta de transporte y al incremento del pasaje, que oscila entre 3 y 3,50 bolivianos”.
En Santa Cruz, donde se registró un paro del transporte urbano y bloqueos carreteros, la Defensoría del Pueblo verificó hospitales, hogares de acogida y la Terminal Bimodal. En este último punto se evidenció que el costo de los pasajes interdepartamentales se incrementó entre un 40% y 50% por encima de las tarifas establecidas por la ATT, situación que afecta directamente el derecho a la libre circulación y el acceso a servicios básicos, especialmente de personas que deben trasladarse por motivos de salud o trabajo.
En Tarija, Bermejo, Yacuiba, Puerto Suárez, Pando y Villazón, si bien no se registraron bloqueos generalizados, el monitoreo defensorial permitió identificar incrementos unilaterales de tarifas de transporte y alzas en productos de la canasta familiar, lo que representa un riesgo potencial al derecho a la alimentación, particularmente en contextos de encierro y acogimiento institucional.
La Defensoría del Pueblo destaca que, hasta el cierre de la jornada del 22 de diciembre, no se registraron hechos de violencia generalizados, lo que evidencia la importancia del acompañamiento preventivo y la coordinación interinstitucional.
