DEFENSORÍA DEL PUEBLO VERIFICARÁ SI UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRINDAN CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DEFENSORÍA DEL PUEBLO VERIFICARÁ SI UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRINDAN CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

21 de Mayo de 2019 12:00 am

DEFENSORÍA DEL PUEBLO VERIFICARÁ SI UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRINDAN CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, este martes, participó de la inauguración del VIII Congreso Nacional Extraordinario de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO) y anunció una investigación sobre la accesibilidad para personas con discapacidad física-motora y visual en universidades públicas del país, a fin de conocer si éstas otorgan condiciones necesarias para posibilitar la formación profesional de esta población.

Cruz, asimismo, destacó el trabajo desarrollado junto al Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) y organizaciones de personas con discapacidad, en 2017 y 2018, para impulsar la adhesión del Estado boliviano al Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a obras publicadas por parte de personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, sin la autorización del titular del derecho de autor.

Según datos del Sistema del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) del Ministerio de Salud y Sistema de Registro de Afiliados del Instituto Boliviano de la Ceguera, al 20 de mayo del año 2019, en Bolivia se tiene registradas un total de 92.671 personas con diferentes tipos de discapacidad, de los cuales, 6.089 personas tiene discapacidad visual.

En el evento, estuvo presente el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien comprometió canalizar las demandas de esta población para el mejoramiento de la infraestructura de su sede equipamiento para las asociaciones de personas ciegas en el país y la impresión de material en sistema Braille. Asimismo, les instó a trabajar por el cumplimiento de sus derechos, para que los niños y niñas con discapacidad puedan estudiar en sus domicilios o que las personas con discapacidad auditiva profunda puedan acceder a una licencia de conducir.