DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y 23 INSTITUCIONES DE SOCIEDAD CIVIL CONSTRUYEN PROPUESTA PARA REFORMA DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO

La Paz, noviembre 10 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en su calidad de máxima autoridad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) junto a representantes de al menos 23 instituciones de la sociedad civil a nivel nacional, elaboraron una propuesta para la reforma del Régimen Penitenciario que será presentado al Gobierno.

“La reforma penitenciaria es una deuda histórica que debe ser abordada desde una visión de Estado, no solo como una política de seguridad, sino como una política de dignidad, justicia y Derechos Humanos. Debemos siempre tener presente que ‘la privación de libertad no puede significar privación de derechos’ y por ello, reafirmamos nuestro compromiso para trabajar por un sistema penitenciario eficiente y humano”, sostuvo el Defensor en el acto inaugural.

La propuesta que tiene base en la Constitución Política del Estado Plurinacional y los estándares internacionales en Derechos Humanos, fue trabajada junto a la Coalición Ciudadana contra la Tortura y la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, que aglutinan a 23 instituciones. El documento sigue los lineamientos del Plan de Gobierno que contempla la reforma del Régimen Penitenciario que busca la reeducación y reinserción social de las y los privados de libertad, así como la disminución de la criminalidad.

La propuesta se enmarca en seis principales ejes: El primero, tiene que ver con la reducción del hacinamiento humanitario, para ello se plantea el Decreto de Amnistía/Indulto por el Bicentenario (2025) como medida extraordinaria; así como la aplicación de medidas alternativas a la detención preventiva. El segundo, plantea la ampliación y mejora de cárceles con trabajo voluntario de los internos (con reducción de condena),  la clasificación técnica y separación por tipo de delito y necesidades de protección especial con enfoque diferencial.

Como tercer aspecto de seguridad y control: se propone la profesionalización de la Policía Penitenciaria asignando personal exclusivo y especializado. La inversión en tecnología de vigilancia para evitar el control físico invasivo y reducir la corrupción, y la violencia interna. Así también, la construcción de pabellones de máxima seguridad e implementación de tecnología para la vigilancia.

En cuanto a la salud y reintegración, como cuarto eje, se debe garantizar atención médica, psiquiátrica y examen inicial en 48 horas; y el impulso de proyectos de seguridad alimentaria autosostenible.

Finalmente, en un quinto eje, referido a la implementación de programas integrales de reeducación y reinserción social, se plantea la descentralización de la administración de centros de mínima seguridad a Gobiernos Departamentales y la aplicación del art. 68 de la Ley N°264 para financiar centros de capacitación laboral productiva y promover la reinserción social.