Defensoría del Pueblo y el TSJ definen creación del “Observatorio Defensorial Judicial” para seguir procesos penales por feminicidio, infanticidio y violencia sexual

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, suscribieron hoy un convenio interinstitucional para la creación del “Observatorio Defensorial Judicial” que hará seguimiento a procesos penales en delitos de feminicidio, infanticidio y violencia sexual en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

“Existe una alta incidencia de violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes. El Estado está obligado a realizar todas las acciones necesarias para evitar este escenario vulneratorio. Además de la prevención, es importante este tipo de esfuerzos interinstitucionales que nos permitirán contar con información para cerrar las brechas de impunidad”, enfatizó el Defensor del Pueblo, en el acto protocolar.

Precisó que el Observatorio permitirá realizar acompañamiento a los procesos y eventualmente adoptar medidas necesarias para que éstos se realicen en el marco del debido proceso. 

 El Presidente del TSJ, por su parte, señaló que el Estado cuenta con la Constitución Política del Estado y la Ley 348, que “permiten luchar contra la violencia en razón de género; sin embargo, tiene que haber mayor esfuerzo de las instituciones y entidades públicas, y ese esfuerzo queremos unir con la Defensoría del Pueblo”.

Torres remarcó que el Observatorio permitirá hacer seguimiento a estos procesos en la etapa preliminar, preparatoria, en el juicio oral, en las apelaciones, y en la instancia de casación, en una tarea estrictamente técnica.

A través del convenio, la institución defensorial planteará medidas y directrices institucionales para la priorización y pronta tramitación de los procesos penales de delitos de feminicidio, infanticidio y violencia sexual en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres, así como en el sistema penal para adolescentes; y generar informes defensoriales periódicos con recomendaciones para garantizar los derechos humanos en dichos procesos.

Además, promoverá y establecerá mecanismos de coordinación y cooperación para la recopilación, procesamiento y análisis de la información sobre esos delitos con los Tribunales Departamentales de Justicia, Escuela de Jueces del Estado, Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Policía Boliviana, Régimen Penitenciario (Ministerio de Gobierno), Defensa Pública, Defensorías de la Niñez y Adolescencia y otras entidades relacionadas.

La firma de convenio se realizó en la oficina nacional de la Defensoría del Pueblo, donde las autoridades coincidieron su preocupación por el alto índice de feminicidios en Bolivia, en promedio cada tres días se reporta un nuevo hecho. Hasta fines de septiembre, la Fiscalía General del Estado registró 69 feminicidios, los cuales dejaron 114 huérfanas y huérfanas. En el mismo periodo se registraron 28 infanticidios.