Defensoría del Pueblo y OIM fortalecerán la protección de los derechos de las personas en movilidad humana

La Paz, 20 de octubre de 2026 (UCOM-DPB).- La Defensoría del Pueblo y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fortalecerán la cooperación interinstitucional para mejorar la atención y protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana, con énfasis en el fortalecimiento de capacidades y la coordinación entre instituciones.

En ese marco, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, y la jefa de la oficina de la OIM en Bolivia, Pamela Fernández Dávila Gómez, formalizaron un Memorando de Entendimiento que da continuidad al trabajo conjunto desarrollado durante los últimos años y busca fortalecer las acciones de protección y restitución de derechos, así como la incidencia en políticas públicas.

Callisaya destacó la importancia de mantener y ampliar esta cooperación, en concordancia con los Principios de París y el compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos.

“Es muy importante para nosotros esta posibilidad de trabajo conjunto con la OIM. Nosotros siempre vamos a tratar de cumplir aquello que está en los Principios de París, que ha sido el reflejo ahora de este reconocimiento de una institución nacional de derechos humanos con estatus A”, señaló el Defensor del Pueblo.

Por su parte, Fernández reafirmó la disposición de la OIM de continuar apoyando las iniciativas de la Defensoría del Pueblo y destacó la importancia de la articulación interinstitucional para ampliar el impacto de las acciones en favor de la población.

“Pese a las limitaciones que existen en términos de fondos, [la Defensoría está] haciendo un trabajo excelente. Y no solamente eso, sino que además [está] articulando con otras instituciones. Coincido plenamente en que el trabajo solo no genera un impacto, y creo que la Defensoría ha logrado generar los mecanismos de coordinación y articulación con todos los actores y en muchos temas”, afirmó.

La cooperación entre ambas instituciones ha contribuido a consolidar oficinas defensoriales en zonas fronterizas para proteger los derechos de las personas migrantes y de quienes se encuentran en situación de movilidad humana. También ha permitido desarrollar espacios de capacitación dirigidos al personal de la Defensoría del Pueblo y de otras instituciones vinculadas con esta temática.

En esta nueva etapa, se prevé fortalecer las capacidades técnicas y logísticas para la atención de casos relacionados con personas en movilidad humana, víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, personas desplazadas internas y transfronterizas, así como personas afectadas por el cambio climático y los daños al medio ambiente.

Con esta cooperación, ambas instituciones buscan fortalecer la respuesta institucional y la coordinación para la protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, especialmente de aquellas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.