Defensoría del Pueblo: Proyecto de Ley sobre conversión de pequeña propiedad agraria requiere deliberación legislativa por su relevancia jurídica, económica y social

La Paz, 12 de marzo de 2026 (UCOM-DPB).– El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a realizar una deliberación amplia, responsable y técnicamente fundamentada del proyecto de ley referido a la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad y/o empresa agropecuaria, debido al impacto jurídico, económico y social que podría generar en el régimen agrario del país.

Callisaya subrayó que cualquier decisión legislativa debe considerar tanto la promoción del desarrollo productivo como la protección del modelo agrario establecido en la Constitución Política del Estado, en el marco de los principios de función social de la tierra, seguridad jurídica y respeto a los derechos de las poblaciones rurales.

“Se trata de un tema que incide directamente en el núcleo del régimen agrario boliviano. Por ello, su tratamiento debe realizarse con responsabilidad, apertura al diálogo y con base en criterios técnicos que permitan evaluar sus efectos reales en el ámbito rural”, afirmó.

El Defensor del Pueblo también advirtió que el proyecto podría implicar transformaciones relevantes en el régimen jurídico aplicable a la propiedad de la tierra de los pequeños productores, entre ellas la eventual pérdida de la condición de patrimonio familiar inembargable, la posibilidad de hipotecar o gravar el predio, el ingreso al régimen tributario agrario y la sujeción a mecanismos más estrictos de verificación del cumplimiento de la Función Económica Social (FES).

“Es fundamental que cualquier mecanismo de conversión de la pequeña propiedad contemple salvaguardas claras, verificaciones técnicas rigurosas y garantías efectivas que eviten impactos adversos para los productores y para la estructura agraria del país”, señaló Callisaya.

En ese sentido, la autoridad defensorial consideró imprescindible que el debate legislativo incorpore procesos de consulta y diálogo con organizaciones campesinas, pueblos indígenas, entidades productivas y especialistas en derecho agrario y medio ambiente, a fin de asegurar un análisis integral de los alcances de la norma.

Asimismo, recordó que la deliberación legislativa constituye un elemento esencial del proceso democrático, ya que permite evaluar los efectos de las normas públicas, prevenir vacíos regulatorios y evitar escenarios de conflictividad social que en el pasado han surgido cuando determinadas iniciativas legislativas fueron aprobadas sin el debate suficiente ni el análisis técnico correspondiente.

“Un diálogo amplio y participativo permitirá construir una norma equilibrada que promueva el desarrollo productivo sin poner en riesgo la función social de la tierra ni abrir espacios a procesos de concentración agraria”, sostuvo.

Finalmente, el Defensor del Pueblo recomendó que la eventual reglamentación de la norma incluya criterios técnicos vinculados al uso sostenible del suelo, el cumplimiento de la Función Económica Social, el respeto a los planes de ordenamiento territorial y la prevención de prácticas contrarias a la sostenibilidad ambiental.

“Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos nuestro llamado a un debate legislativo informado, participativo y técnicamente sustentado, que garantice la seguridad jurídica, la sostenibilidad del régimen agrario y el equilibrio entre el desarrollo productivo y la función social de la tierra en Bolivia”, concluyó.