DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Y ACCESO A LA JUSTICIA SE FORTALECEN CON FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y EL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
10 de Septiembre de 2025 06:43 pm
La Paz, 10 de septiembre de 2025. – El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Cristhian Méndez Rosales, firmaron hoy un convenio marco de cooperación interinstitucional que fortalece la defensa de los derechos de la Madre Tierra y el acceso a la justicia, en el marco del Acuerdo de Escazú.
“Con gran satisfacción damos un paso más en la defensa y protección de los derechos humanos en asuntos ambientales y de la Madre Tierra. Este convenio con el Tribunal Agroambiental nos permite avanzar en los mecanismos de intercambio de información”, afirmó el Defensor del Pueblo tras la firma.
Por su parte, Méndez Rosales destacó la sinergia interinstitucional alcanzada: “Este convenio permite establecer mecanismos con un enfoque en derechos humanos, operativizando con profesionales capacitados las disposiciones del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que centra uno de sus ejes en el acceso a la justicia ambiental”.
El convenio tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre ambas instituciones para fortalecer la justicia agroambiental mediante la promoción y difusión del Acuerdo de Escazú, la capacitación especializada de operadores de justicia y el impulso de mecanismos de coordinación.
Entre los compromisos asumidos se destacan: analizar y proponer mecanismos de coordinación para la correcta aplicación de la normativa agroambiental, con especial énfasis en áreas de conservación –como áreas protegidas u otras definidas por ley–, garantizando así el cumplimiento efectivo de la legislación vigente.
Asimismo, se trabajará en la aplicación del Acuerdo de Escazú en la jurisdicción agroambiental, actualizando y profundizando el desarrollo de líneas jurisprudenciales en defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales, y en el análisis de casos vinculados al acceso a la justicia en territorios de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (NyPIOC). También se coordinará la atención oportuna de denuncias, el intercambio de información interinstitucional sobre casos judiciales, estadísticas, normativa y capacitaciones al personal.
El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021 y Bolivia lo ratificó en junio de 2019 mediante la Ley N° 1182, junto a otros 16 países. En este marco, la Defensoría del Pueblo asume un rol central en la protección ambiental, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la defensa de quienes protegen la Madre Tierra.
