DETENCIÓN PREVENTIVA: DEFENSOR DEL PUEBLO ADELANTÓ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO DEL TSJ

La Paz, agosto 25 (UCOM/DPB). - Ante la emisión del instructivo N°19/2025 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para la organización de jornadas de verificación de plazos de la medida cautelar de detenciones preventivas por parte de los tribunales departamentales, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, anunció el seguimiento al cumplimiento de esa instrucción. 

“Desde la Defensoría del Pueblo realizaremos el seguimiento al cumplimiento de dicho instructivo que refleja las observaciones que realizamos en distintos informes e intervenciones realizadas como Institución Nacional de Derechos Humanos”, escribió el Defensor en redes sociales, a tiempo de saludar la emisión del instructivo N°19/2025 del TSJ.

Hace unos días, el TSJ emitió un primer instructivo para la revisión del plazo de la detención preventiva de tres ciudadanos privados de libertad, lo que generó cuestionamientos desde la población carcelaria, quienes se declararon en estado de emergencia en diferentes centros penitenciarios del país, denunciando privilegios de algunos, frente a miles que esperan su sentencia.

En ese contexto, el Defensor del Pueblo, recordó a las autoridades que, a junio de 2025 el 58,2% de 33,274 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos y están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación. “La detención preventiva debería ser, máximo 6 meses y que no se pueda obstaculizar. Transcurrido el tiempo, la autoridad judicial debería revisar esta medida”, dijo Callisaya.

Remarcó que, en el marco normativo, esta medida cautelar ha sobrepasado los procesos, calificándolos de “populismo penal”, un enfoque político penal que en los últimos años fue practicado continuamente y que impone la cárcel como una solución, sin considerar su efecto en la problemática de hacimiento que atraviesan las cárceles.

Callisaya recordó que desde el 2022, la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), viene pidiendo al TSJ incrementar las jornadas de descongestionamiento y acciones conjuntas con el Ministerio Público en procura de reducir el hacinamiento carcelario y denunciar el uso excesivo de la detención preventiva.

En 2020, la población carcelaria de Bolivia rondaba los 17.305 privados de libertad, y a julio del 2025 la cifra supera los 33.000 reclusos, de los cuales, el 58,2% son privados con detención preventiva.