DÍA INTERNACIONAL DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA

La Defensoría del Pueblo, al conmemorar este 26 de junio, el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, ratifica su compromiso inclaudicable de luchar contra esta gravísima violación a los derechos humanos, con especial énfasis en la atención y rehabilitación de sus víctimas, a la par de la sanción a sus responsables, en consideración a que la misma afecta a las personas en todas sus dimensiones: física, sexual, psicológica, social, espiritual, cultural y moral, de forma irreparable y que va contra la dignidad intrínseca de todos los seres humanos.

Las consecuencias mencionadas se ven reflejadas en los 959 casos que atendió la institución durante 2018, en los que se denunció vulneraciones al derecho a la Integridad Personal, de éstos, 243 vinculados a prácticas, actos u omisiones enmarcadas en las definiciones internacionales de tortura y tratos crueles, inhumanos, degradantes y humillantes.

Si bien existen significativos avances a nivel de política pública, así como una mayor presencia y reconocimiento del Servicio de Prevención de la Tortura – SEPRET, entidad estatal creada en el marco del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, con la que nuestra institución mantiene una constante coordinación en acciones de investigación sobre posibles vulneraciones y hechos vinculados a esta práctica,  reconoce que aún existen importantes desafíos a ser superados por el Estado Boliviano, en especial los referidos a la erradicación de prácticas relacionadas a la existencia de celdas o lugares de castigo en centros de detención y rehabilitación, el mejoramiento de los canales y mecanismos de denuncias, en especial para población en mayor riesgo de vulnerabilidad como son las personas privadas de libertad, las personas en procesos de instrucción en centros castrenses o militares, entre  otros; o la eliminación de una cultura de permisibilidad de actos y omisiones relacionadas a tratos crueles, inhumanos, degradantes y humillantes contra los referidos grupos.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo reitera su predisposición y apertura para trabajar de forma conjunta con todas las entidades del Estado vinculadas a esta problemática para la implementación de mecanismos, políticas y acciones destinadas a la prevención a través de la educación y formación en Derechos Humanos, en especial del personal policial y militar; a la par de hacer énfasis en su deber irrenunciable de investigar posibles vulneraciones para garantizar los derechos de las víctimas a la justicia y la reparación.