DIAGNÓSTICO DEFENSORIAL EVIDENCIA USO DESPROPORCIONADO DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN JÓVENES PRIVADOS DE LIBERTAD

La Paz, 29 de agosto (UCOM/DPB). – El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el “Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad”, que revela que hasta 2024 un total de 9.520 jóvenes (entre 18 y 28 años) se encontraban recluidos en el país, de los cuales más del 75% permanecen en detención preventiva, siendo esta población la más afectada por dicha medida.

“La detención preventiva impacta de manera desproporcionada en la población juvenil, extendiéndose más allá de los plazos legales y limitando el derecho a una defensa efectiva. De los 9.520 Jóvenes Privados de Libertad (JPL), el 75,65% se encuentra en detención preventiva, frente a un 24,35% que ya cuenta con sentencia. Esta situación refleja una desproporcional situación de esta población, considerando que, en términos generales, el 58,7% de las personas privadas de libertad se encuentra bajo detención preventiva”, subrayó la autoridad defensorial.

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El documento analiza las condiciones de vida, situación jurídica, acceso a salud y educación, oportunidades laborales y posibilidades de reinserción social de las y los jóvenes privados de libertad. A diciembre de 2024, de los 9.520 JPL, 742 eran mujeres y 8.788 varones. 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) visitó 17 centros penitenciarios en los nueve departamentos, tanto en áreas rurales como urbanas. En dichas visitas se realizaron 284 encuestas, 46 entrevistas semiestructuradas y verificaciones a la infraestructura penitenciaria, además de la revisión de información oficial del Estado.

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Según el diagnóstico, a diciembre de 2024 el país registraba 32.035 personas privadas de libertad (PPL) en 46 centros penitenciarios: 92,6% varones y 6,8% mujeres. Del total, el 58,7% permanecía en detención preventiva (sin condena). El hacinamiento alcanzaba al 105%: en los 20 centros urbanos era del 117% y en los 26 rurales del 65%.

El Defensor del Pueblo expresó su preocupación por los factores de reincidencia: el 14% de los jóvenes entrevistados (284) son reincidentes en prisión; el 10% pasó antes por centros de reinserción social para adolescentes en conflicto con la ley (14 a 17 años), y un 7% vivió en centros de acogimiento desde edades tempranas.

“Esta realidad muestra que muchos jóvenes llegaron al sistema penal adulto sin haber tenido acceso a oportunidades reales de inclusión. Refleja, además, las falencias del Estado en la atención y crianza de niñas y niños bajo su custodia”, sostuvo Callisaya.

Frente a este panorama, el diagnóstico defensorial plantea siete recomendaciones dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia, los Ministerios de Educación, Trabajo, Salud y Deportes, el Servicio Nacional de Defensa Pública y la Dirección General de Régimen Penitenciario.

“Instamos al Estado Plurinacional de Bolivia a impulsar una reforma del sistema penal que permita la aplicación efectiva de medidas alternativas al encarcelamiento, así como una reforma del sistema penitenciario que reorganice las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno (central, departamental y municipal). Esta reforma debe garantizar alimentación adecuada, infraestructura digna, servicios básicos y programas efectivos de reinserción social para las personas privadas de libertad”, concluyó el Defensor del Pueblo.