EL ESTADO DEBE EXTREMAR ESFUERZOS PARA SALVAGUARDAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PROTEGER LOS DERECHOS DE PERIODISTAS

Al conmemorarse este 10 de mayo el ‘Día del Periodista’, la Defensoría del Pueblo honra la noble labor de las y los periodistas y trabajadores de la prensa, quienes, pese a las limitaciones que franquean, continúan aportando en la defensa de los derechos humanos.

En los últimos meses, el gremio periodístico ha sido objeto de recurrentes hechos de violencia, acoso y hostigamiento. Aspectos a los que se suman la precariedad laboral, las barreras de acceso a la información, y otros factores que afectan su labor comunicacional, constituyéndose en una clara vulneración a sus derechos humamos reconocidos por la normativa nacional como internacional. 

En reiteradas ocasiones, la Defensoría del Pueblo ha expresado su alta preocupación por las agresiones a la prensa durante la cobertura de conflictos y la investigación periodística, exigiendo al Estado cumplir con su rol de garante de los derechos humanos a través de las instancias de gobierno competentes.  A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también instaron al Estado proteger los derechos de los trabajadores de la prensa, así como investigar los hechos de agresiones contra este gremio.

En septiembre de 2024, la institución defensorial publicó los resultados de la primera Encuesta Nacional “Vulneraciones a los Derechos Humanos en la Labor Periodística”, que revela que el 64,8% del total de los encuestados, sufrieron algún tipo de vulneración de sus derechos durante el ejercicio periodístico, identificando entre los principales perpetradores de violencia a organizaciones sociales, grupos movilizados, empleadores, líderes políticos, entidades públicas y la Policía. El mismo estudio identificó la falta de garantías laborales como la mayor amenaza para el periodismo, evidenciando una percepción generalizada de precariedad laboral. Más de la mitad de los encuestados solicitaron al Estado las garantías necesarias para su trabajo. 

Entre enero y el 7 de mayo de 2025, el Sistema de Servicio al Pueblo de la Defensoría del Pueblo registró 10 casos de vulneración de derechos de trabajadores de la prensa, cifra elevada en relación a los 14 casos reportados durante toda la gestión 2024. Los casos de agresiones a la prensa están relacionados a agresiones físicas y psicológicas; persecución en el ejercicio de su profesión; limitación al acceso a la información; el incumplimiento de beneficios sociales; la falta de pagos oportunos, amedrentamientos; y cobros a cambio de información. Estas vulneraciones podrían incrementarse ante el panorama de conflictividad que atraviesa el país, además del contexto pre-electoral.

A través de una nota oficial, la Defensoría del Pueblo recordó al Gobierno nacional la recomendación 27 del Informe GIEI Bolivia: “Crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”; así como las recomendaciones 19, 20, 21, 22 y 23 del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”, para diseñar campañas sobre el respeto al periodismo, adecuar leyes para que la protección del honor no sea penal, estimular la autorregulación de los medios, adoptar una ley de acceso a la información y crear un marco normativo para la distribución de publicidad oficial sin discriminación ni interferencia editorial, incentivando la independencia de los medios.

Así también, se recuerda al Estado cumplir las recomendaciones emitidas en diferentes informes defensoriales: 1) a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dictar una Ley que contemple sistemas y mecanismos de protección, así como la provisión de equipos de seguridad a las y los trabajadores de la prensa y que democratice el acceso a la publicidad estatal; 2) a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Supremo de Justicia, a cumplir con la debida diligencia en las denuncias de vulneración de derechos humanos de periodistas y trabajadores de la prensa.

La Defensoría del Pueblo insta a las gerencias de los medios de comunicación tomar los recaudos y brindar las condiciones laborales adecuadas para precautelar la seguridad de los trabajadores de la prensa en la cobertura periodística.

Finalmente, se exhorta al Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, a extremar esfuerzos para resolver la situación de un gran número de periodistas que han visto vulnerados sus derechos y a la población a ejercer el tolerancia, empatía y respeto al trabajo de la prensa.

La Defensoría del Pueblo subraya el rol fundamental que desempeñan las y los trabajadores de la prensa en el fortalecimiento del tejido social y el sistema democrático, al facilitar información esencial a la ciudadanía boliviana, y reafirma su compromiso de velar por el respeto a su labor y sus derechos humanos.

 ¡Sin libertad de prensa no hay democracia!

 La Paz, 10 de mayo de 2025.