EL ESTADO E INSTANCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEBEN BRINDAR TODAS LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A LAS Y LOS PERIODISTAS

La libertad de expresión, desde la creación del país, se ha constituido en la razón de ser de la labor de las y los periodistas, y de la misma forma, este derecho se vincula con muchos otros, hoy reconocidos por la Constitución Política del Estado.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que, “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

86 años han pasado desde que se elevó a rango de Ley el Decreto Supremo de 10 de mayo de 1938, que reivindica los derechos de las y los periodistas. Desde ese entonces, su noble labor atravesó por distintas adversidades en determinados capítulos de la historia, como en tiempos de dictadura, donde su rol fue determinante en las decisiones de la conducción del país y la construcción del ejercicio democrático. 

La Defensoría del Pueblo, en esta fecha tan importante, reconoce la noble labor de las y los periodistas y su virtud innata en la defensa de los derechos; sin embargo, no se puede desconocer las actuales amenazas a la labor periodística como los fenómenos sociales, la situación económica, la globalización y la transición al ámbito digital, éste último, derivó en el recorte de personal en diferentes medios de comunicación lo que empujó a muchos periodistas a laborar de forma independiente.

Otras de las amenazas que deben sortear las y los periodistas son las agresiones en el ejercicio de sus funciones. Desde enero de 2022, hasta abril de 2024, la Defensoría del Pueblo, registró 20 denuncias de este tipo, siendo Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, donde están la mayor cantidad de casos. Muchas de las denuncias fueron retiradas por las mismas víctimas y otras que se abrieron de oficio, no prosperaron por diferentes razones.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo observa que es urgente el fortalecimiento del ejercicio de sus derechos en el ámbito de la laboral para que la libertad de expresión y libertad de prensa no sean vulnerados. 

Se insta a las y los periodistas, y trabajadores de la prensa (reporteros, fotógrafos, corresponsales, independientes, etc.), a ejercer su derecho a la denuncia; y a sus casas periodísticas y gremios, realicen el respectivo acompañamiento, para que los delitos no queden en la impunidad.

La Defensoría del Pueblo ratifica su compromiso por la defensa de los derechos que protegen a las y los periodistas y los trabajadores de la prensa. Asimismo, exhorta al Estado y todas las instancias públicas y privadas, a brindar las garantías constitucionales para el ejercicio libre de la labor periodística, con veracidad, exactitud, equilibrio, oportunidad y pluralismo, como base fundamental para la preservación del tejido social.  

La Paz, 10 de mayo de 2024.