EXAMEN EPU: PARA EL DEFENSOR DEL PUEBLO EL ESTADO DEBE FORTALECER LA JUSTICIA AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE DDHH EN ASUNTOS AMBIENTALES
21 de Enero de 2025 05:26 pm
La Paz, enero 21 (UCOM/DPB). - El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, remarcó la necesidad de que el Estado Boliviano pueda fortalecer la aplicación de la justicia ambiental, profundizar la defensa y protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental.
La autoridad defensorial, hizo un balance tras participar de la transmisión de la sesión del Examen Periódico Universal (EPU), organizada por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.
Esta evaluación al informe EPU contó con la participación del expresidente e investigador, Eduardo Rodríguez Veltzé; la secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá; y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Durante su intervención, Callisaya remarcó la necesidad de coordinación desde el Estado con la sociedad civil con énfasis en los derechos ambientales y protección a los defensores de derechos humanos en asuntos ambiental.
“Es importante que podamos rescatar la necesidad del acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones, el fortalecimiento de la justicia ambiental y la defensa de los defensores en derechos en asuntos ambientales”, manifestó el Defensor del Pueblo
Para la autoridad defensorial es importante democratizar la acción y decisión del tema ambiental, “hemos percibido que los temas ambientales son fenómenos que traducen ejercicios de poder en la sociedad boliviana, donde los más desprotegidos, las poblaciones en situación de vulnerabilidad son los que asumen el mayor impacto nocivo de las medidas ambientales”.
Callisaya ponderó este ejercicio (EPU) porque promueve una mirada como Estado, pero también como organizaciones de la sociedad civil. “Todos apuntamos a construir una sociedad donde pensar y ser diversos no es un motivo para ser excluidos, una sociedad en la que debemos respetarnos como seres humanos y una sociedad que respete los derechos de la Madre Tierra”, apuntó.
Asimismo, si bien en el marco del informe EPU, varios países manifestaron su complacencia con la designación de la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Defensor del Pueblo remarcó la necesidad de “facilitar su funcionalidad, evitando limitaciones a su actuación o, finalmente, dándole un presupuesto razonable que permita una funcionalidad adecuada”.
Durante su balance, la autoridad defensorial también hizo referencia a que, si bien el Estado boliviano ha hecho mención al acuerdo de Escazú, existe la necesidad de implementar una hoja de ruta que permita implementarlo.
“No se hizo mención a esta preocupación de Irlanda, Israel y Belice que han mencionado a través de sus representantes sobre cómo defendemos a esos defensores en asuntos ambientales, no se ha hecho mención a las acciones de hostigamiento a diferentes defensores medioambientales que han sido objeto de procesos judiciales, despedidos de sus fuentes de trabajo y una serie de acosos, que es importante que nosotros podamos mencionar sobre el acuerdo de Escazú en su cuarta línea de acción”, apuntó Callisaya.