Informe 2022 MNP-Bolivia: más de la mitad de los privados de libertad en el país se encuentran bajo detención preventiva

En este reportaje de la Defensoría del Pueblo se muestra, de manera integral, una radiografía de la situación de los privados de libertad en los centros penitenciarios de toda Bolivia, producto del primer año de trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP – Bolivia), instancia dependiente de la institución defensorial.

La Paz, 29 de septiembre de 2023 (UCOM - DP).- A diciembre de 2022 se registraron en las cárceles bolivianas 24.824 personas privadas de libertad. De esta cifra el 66,19 por ciento están bajo la modalidad de detención preventiva, es decir que, de cada diez personas recluidas en centros penitenciarios, seis permanecen en la cárcel bajo medidas cautelares de carácter personal: en otras palabras, más de la mitad de las personas que permanecen en los recintos carcelarios. 

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó los resultados del informe en la Asamblea Legislativa. Durante su exposición puso de manifiesto su preocupación por la cantidad de privados de libertad que se encuentran bajo detención preventiva.

“Esto llama la atención, porque el alto porcentaje de personas privadas de libertad con detención preventiva invita a que repensemos sobre cómo estamos utilizando la detención preventiva. de repente no como un mecanismo para garantizar la realización del proceso con la presencia del procesado, sino como una medida que se constituye en una especie de sanción anticipada”, cuestionó.

La autoridad defensorial remarcó que, en cuanto a los centros penitenciarios, otro aspecto que genera preocupación es el referido al aumento de la población penitenciaria, el cual registró un incremento, de marzo de 2022 y diciembre de 2022, de 20.002 a 24.824 personas privadas de libertad.

EL MNP – BOLIVIA realizó visitas a 40 centros penitenciarios del país, donde evidenció la situación en la que se encuentra la población recluida en estos establecimientos.

Esta instancia elaboró el informe 2022 mediante la información recabada durante 273 visitas a establecimientos carcelarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar, donde se evidenció la situación de las personas que viven en privación de libertad o bajo custodia del Estado.

 

A 2022 SE REGISTRÓ UN 188% DE SOBREPOBLACIÓN EN CENTROS PENITENCIARIOS

El MNP - Bolivia estableció que, en la gestión 2022, se registró una sobrepoblación carcelaria de alrededor de 188 por ciento, pues a diciembre de esa gestión la capacidad en las cárceles del país estaba calculada para 8.626 privados de libertad, pero se evidenció la existencia de 24.824 personas privadas de libertad.

“Definitivamente hay un tema que alarma, que es la población que existe en los diferentes centros penitenciarios, lo que llama la atención es que hay un 188 por ciento de sobrepoblación (carcelaria), es decir que, las capacidades de todos los centros penitenciarios han sido rebasadas”, reveló el Defensor del Pueblo.

 

La autoridad defensorial también informó que, en diez meses la población en centros penitenciarios creció pues, en marzo de 2022 se registraron 20.002 personas privadas de libertad, cantidad que se incrementó a diciembre de esa misma gestión, cuando se contabilizaron 24.824 personas privadas de libertad.

Producto de las visitas y relevamiento de información, la defensoría del pueblo, a través de este primer informe del MNP – Bolivia emitió 30 recomendaciones que pretenden, por un lado, impulsar soluciones a problemas estructurales, y por otro lado, atender necesidades urgentes.

Estas recomendaciones están dirigidas a instancias gubernamentales como: el Ministerio de Gobierno, Dirección General de Régimen Penitenciario, direcciones departamentales de régimen penitenciario, Ministerio de Salud y Deportes, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Defensa y Comando General de la Policía Boliviana.

 

LAS 30 RECOMENDACIONES DEFENSORIALES

La Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia), presentó 30 recomendaciones al Estado boliviano para precautelar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país en cuanto a las personas privadas de libertad, en el marco de su primer Informe Anual correspondiente a la gestión 2022.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó que este documento se constituye en un importante documento para luchar y prevenir hechos de tortura y malos tratos. Hacinamiento carcelario, cierre de la cárcel de San Pedro y jornadas de descongestionamiento carcelario y uso excesivo de la detención preventiva, fueron algunas de las falencias que identifica este primer informe del MNP-Bolivia.

La primera autoridad defensorial explicó que este primer informe agrupa los resultados de las 273 visitas realizadas por el MNP-Bolivia a diferentes centros penitenciarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar, donde se evidenció la situación de las personas que viven en privación de libertad o bajo custodia del Estado.

 “Nosotros estamos presentando este primer año de gestión del MNP-Bolivia como parte del proceso de sensibilización, del compromiso conjunto, en lo interinstitucional, que tenemos como Estado boliviano para prevenir hechos de tortura, que socaban la dignidad del ser humano”, manifestó

Una de las principales recomendaciones apunta a pedir el cumplimiento de la Ley N° 494 referida al cierre del centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y la construcción del proyecto Complejo Penitenciario para el departamento acorde a las necesidades de la población privada de libertad.

Cabe recordar que Bolivia ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a través de la Ley N° 1939 de 10 de febrero de 1999, y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de la Ley N° 3298 de 12 de diciembre de 2005.

A través de estos tratados nuestro país está obligado a contar con una instancia independiente que examine periódicamente el trato y las condiciones de vida de las personas privadas de libertad o en custodia del Estado.