Informe Defensorial muestra la situación de marginación, exclusión y discriminación que afecta al pueblo ayoreo en Santa Cruz

Un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo revela la situación de marginación, exclusión y discriminación que afecta a miembros del pueblo indígena Ayoreo en las comunidades Degüi y Garay que habitan en la ciudad de Santa Cruz, lo que deriva en la vulneración de sus derechos a la educación, trabajo, salud, así como en dificultades para acceder a servicios básicos y vivienda en condiciones dignas.

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El Informe Defensorial “Situación del Pueblo Indígena Ayoreo en las comunidades Degüi y Garay de Santa Cruz de la Sierra", presentado este jueves por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz,  expone los resultados de la verificación realizada in situ en la Villa Primero de Mayo donde se encuentra la comunidad Degüi, y en el Distrito 6 de la Pampa de la Isla que alberga a la comunidad Garay, donde se identificó que los terrenos que habitan carecen de seguridad y no tienen derecho propietario, razón por la cual no pueden acceder a proyectos de vivienda, son víctimas de hostigamientos y corren el peligro de ser desalojados.

Mujeres adultas mayores, principalmente, acompañadas de niñas y niños se conglomeran en rotondas y esquinas céntricas de la capital cruceña para pedir caridad, actividad que la combinan con la venta de artesanías, dulces y el tapado de baches de las carreteras, situación que pone en inseguridad y riesgo a niñas, niños y adolescentes ayoreos, convirtiéndoles en posibles víctimas de trata de personas  con fines de explotación sexual y laboral.

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Se advierte, asimismo, que la mejor disponibilidad de acceso a la salud en la ciudad de Santa Cruz causaría una migración del pueblo Ayoreo desde las tierras comunitarias de origen (TCOs); también se evidencia que las condiciones precarias de sus viviendas, hacinamiento por la cantidad de personas que habitan por ambiente, materiales no adecuados, ausencia de instalaciones sanitarias, piso de tierra, techo frágil, ausencia de alcantarillado, entre otros, son factores de insalubridad y riesgo a la salud. Por otro lado, se evidencia la necesidad de políticas públicas diferenciadas para la prevención del VIH/SIDA en esta población, tomando en cuenta su situación de vulnerabilidad.

En cuanto a su derecho a educación, se observa que la Unidad Educativa Juana Degüi no aplica el currículo regionalizado Ayoreo aprobado por el Ministerio de Educación, por no estar acorde al contexto urbano; la educación que se les brinda es en castellano, no obstante que su primera lengua es el idioma zamuco. El establecimiento escolar no cuenta con servicios higiénicos, espacios recreativos ni con equipamiento apropiado; la cantidad de aulas es insuficiente y los muebles se encuentran en mal estado.

Sobre la situación laboral de los miembros de estas dos comunidades indígenas, el informe revela que las políticas públicas implementadas por el Estado no están acordes a la realidad del pueblo Ayoreo en Degüi y Garay, caracterizados por el trabajo informal y ocasional que desarrollan (jardinería, agricultura, desmonte, limpieza de chacos y terrenos), razón por la cual son excluidos de beneficios y oportunidades ; asimismo, la estigmatización negativa del pueblo Ayoreo  como flojos o delincuentes, les dificultaría el acceder a una fuente de trabajo, razón por la cual niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores se dedican a limpiar movilidades, pedir dinero en las calles y rotondas.

La investigación realizada identificó, también, que la falta de documentos de identidad en la población ayorea significa una barrera para el ejercicio de otros derechos, llevándole a enfrentar  limitaciones o impedimentos para acceder a servicios públicos de salud, bonos y rentas del Estado como el bono Juana Azurduy, Juancito Pinto, Renta Dignidad, bono para personas con discapacidad, entre otros.

El Informe Defensorial incluye una serie de recomendaciones a instituciones públicas del nivel central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas, Ministerios de Estado, SEGIP, SERECÍ, Tribunal Supremo Electoral, Gobierno Departamental de Santa Cruz, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, entre otros, para que asuman acciones en el marco  de políticas públicas diferenciadas y de sus competencias y atribuciones.

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