Inicia trabajo de coordinación entre la Defensoría del Pueblo y Promotoras Comunitarias

La Paz, noviembre 24 (UCOM/DPB). – Con el objetivo de coadyuvar en la prevención de la violencia hacia la mujer y en el marco del convenio entre la Defensoría del Pueblo y las Promotoras Comunitarias este viernes en la oficina de Coordinación Regional de El Alto, se dio inicio al trabajo piloto de acompañamiento y coordinación entre ambas instancias, el cual permitirá brindar contención, apoyo y seguimiento a casos de mujeres víctimas de violencia.

El convenio firmado por el Defensor del Pueblo y las representantes de las Promotoras comunitarias en septiembre pasado, señala que la Defensoría del Pueblo fortalecerá las capacidades de las Promotoras Comunitarias mediante talleres de capacitación y sensibilización, además de brindar apoyo técnico, con especialistas en diversas áreas.

“De esta forma se podrá fortalecer el trabajo en defensa de los derechos humanos de mujeres en situación de violencia y el acondicionamiento de espacios físicos, dentro de las delegaciones departamentales y coordinaciones regionales defensoriales, para la atención de mujeres víctimas de casos de violencia”, explicó Bolivia Sánchez, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de las Mujeres.

Asimismo, el convenio establece que ambas entidades intercambiarán información sobre casos de violencia hacia la mujer e implementarán una guía de actuación de tareas en orientación, prevención y detección de casos de violencia. 

“Ahora las promotoras comunitarias cuentan con el espacio físico para realizar el trabajo piloto que les permita dar contención, apoyo y seguimiento a casos de mujeres víctimas de violencia, el cual está ubicado en la oficina de la Coordinación Regional del El Alto”.

Las Promotoras Comunitarias constituyen una organización integrada por mujeres, que en su mayoría sufrieron y superaron situaciones de violencia, quienes realizan el trabajo de prevención y atención de casos de violencia en barrios urbanos y comunidades rurales, no solo con las mujeres víctimas, sino también con varones, para evitar que incurran en actos que afecten los derechos humanos de sus parejas, hijas, hermanas o madres. Su trabajo está reconocido en la Ley 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia”.