La Defensoría del Pueblo alerta que el “ciberpatrullaje en redes sociales” podría derivar en persecuciones penales contrarias a la libertad de expresión

La Defensoría del Pueblo alerta que los anuncios gubernamentales de “ciberpatrullaje en redes sociales”, podrían derivar en persecuciones penales que resultarían contrarias a la libertad de expresión, consagrada en las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos.

Esta institución recuerda que “los relatores especiales para la Libertad de Expresión de todos los sistemas (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y Comisión Africana) firmaron una declaración en la que afirman que las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos ‘noticias falsas’ o ‘información no objetiva’, son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y deberían ser derogadas”, según publicó Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y añade que los estándares internacionales sobre derechos humanos asignan a la sociedad civil la responsabilidad de determinar qué discurso es verdadero y cuál es falso.

En el 175 periodo de sesiones de la CIDH, realizado el 6 de marzo en Haití, en el cual la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la vulneración de los derechos humanos en Bolivia, el relator Lanza  preguntó a los representantes del Estado boliviano sobre el escenario de cumplimiento de los derechos a la libertad de expresión asumidos por el Gobierno,  pero las autoridades presentes en dicha sesión no respondieron a la interrogante, dejando dudas sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el país.

En dicha audiencia, la Defensoría del Pueblo denunció que el Gobierno ha vertido amenazas en contra de distintos sectores de la población, como ser abogados, jueces, fiscales, movimientos sociales, periodistas y, alerta que ahora lo hace en contra de la sociedad en general.

La Defensoría también advierte que el Decreto Supremo Nro. 4196, referido a la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena por la propagación del nuevo coronavirus, incurre en ambigüedades y no especifica los tipos penales para sancionar a las personas que incumplan sus preceptos.

Esta institución ha realizado observaciones formales y puntuales a dicho decreto mediante notas remitidas a la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, Presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa,  y Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, en las que se observa la restricción de derechos fundamentales, la contradicción en algunos artículos respecto a la circulación de la población, la ambigüedad de las sanciones y la eventual apertura de la vía penal por contravención al referido decreto sin delimitar cuáles serían los delitos en los que incurriría una persona.

La Defensoría recuerda que la CIDH ha establecido, ante la emergencia por el COVID-19, que las respuestas gubernamentales deben ser proporcionadas y no discriminatorias. “Cualquier respuesta de emergencia al #COVIDー19 deber ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria. Alentamos a los Estados a permanecer firmes en mantener un enfoque de derechos humanos para enfrentar esta pandemia", indica un comunicado de esta institución.

La Defensoría del Pueblo, adoptando los criterios del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alerta que ese tipo de medidas y de declaraciones podrían derivar en acciones represivas y de amedrentamiento, contrarias a los derechos humanos, con la excusa de proteger la salud.