La Defensoría del Pueblo logra que se restituya el derecho a la libre locomoción de un ciudadano venezolano

La Defensoría del Pueblo logró, ayer jueves, que se restituya el derecho a la libre locomoción del ciudadano venezolano S.A.P.M, que había sido retenido de manera ilegal, por más de 24 horas, en la sala de inadmisión del aeropuerto internacional de Viru Viru, Santa Cruz, por actuaciones de la Interpol y de la Dirección Departamental de Migración.

El migrante estuvo a punto de ser expulsado del país, inicialmente con un pasaje La Paz-Bogotá, comprado, de manera irregular, por la empresa petrolera Marriott Drilling Group, donde anteriormente trabajaba el venezolano retenido y compañía con la cual enfrenta un conflicto laboral por la falta de pagos de beneficios sociales, tras ser despedido por ella.

Su expulsión contravenía el artículo 32 del Reglamento de la Ley 370 de Migración, pues estuvo a punto de ser echado sin permitirle el derecho a impugnar la notificación de Resolución de Salida Obligatoria, que le entregó Migración. De acuerdo con esa norma, el ciudadano tenía tres días para observar dicha resolución, pero iba a ser enviado inmediatamente a Bogotá, Colombia.  

El venezolano fue retenido en dos ocasiones, antes de ser puesto en libertad tras las gestiones desplegadas por la Defensoría del Pueblo en esa capital. El martes, a las 18.30, fue conducido por la Interpol a sus oficinas, donde constataron que no tenía antecedentes penales. Posteriormente, a las 22.40, la Dirección Departamental de Migración le notificó con una Resolución de Salida Obligatoria.

Al día siguiente, a las 15.30 el migrante acudió a Migración para mostrar la boleta de multa de 500 bolivianos, que pagó porque su Carnet de Extranjería había fenecido el 22 de febrero. Sin embargo, allí es nuevamente aprehendido y enviado directamente al aeropuerto de Viru Viru, donde permaneció hasta las 16.00 de ayer. Durante toda su estadía en la sala de inadmisión solo recibió un refrigerio, que compartió con su custodio.

Las autoridades intentaron forzar su salida sin respetar el debido proceso. No respetaron el plazo de tres días de impugnación que tiene derecho todo migrante que es notificado con una Resolución de Salida Obligatoria. El Director Departamental de Migración lo calificó de migrante ilegal, cuando ningún ciudadano podría tener tal condición, sino en su caso una situación de irregularidad. La salida obligatoria procede, según el artículo 37 de la Ley 370, cuando hay una ejecutoria de la resolución. En ese caso, los ciudadanos deben ser puestos en frontera; sin embargo, la empresa petrolera involucrada compró irregularmente un ticket La Paz-Bogotá. Posteriormente, apareció otro boleto La Paz-Caracas, sin que se conozca quién lo adquirió.

La Defensoría del Pueblo denunció públicamente estas vulneraciones, exigió que Migración exhiba el documento mediante el que retenía al venezolano y anunció la presentación de una Acción de Libertad. Además, exige que se respeten las garantías constitucionales del ciudadano y anuncia que presentará los antecedentes del caso ante el Ministerio Público para que se tomen las acciones legales en contra de los servidores públicos involucrados en estos hechos que vulneran los Derechos Humanos.