La Defensoría del Pueblo se suma al pedido de extradición de Arturo Murillo y demanda un proceso de rendición de cuentas a la Fiscalía General del Estado
27 de Mayo de 2021 12:18 pm
La Defensoría
del Pueblo se suma al pedido de extradición del exministro de Gobierno, Arturo
Murillo, detenido en Estados Unidos, acusado de soborno y lavado de dinero por
el caso denominado “gases lacrimógenos”, y demanda un proceso de rendición de
cuentas en contra de la Fiscalía General del Estado, por su inacción en este
hecho de corrupción.
“Sí, nos sumamos
al pedido de extradición del exministro Arturo Murillo, pero aquí procede un
proceso de rendición de cuentas a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es lo
que hecho desde junio de 2020, cuando se anunció el inicio de un proceso por
este caso? ¿Por qué en Bolivia se espera la salida de Murillo para la
presentación de una imputación en enero de 2021? ¿Por qué no contamos con
acusaciones ni sentencias por los escandalosos casos de corrupción”, reclamó la
Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
La autoridad
defensorial recordó que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, anunció en
junio del año pasado la apertura e
investigación del caso “gases lacrimógenos”, pero observó que hasta el momento todavía
no se cuenten con resultados de esas indagaciones.
El Departamento
de Justicia de Estados Unidos anunció la detención del exministro de Gobierno,
Arturo Murillo, por el caso “gases lacrimónenos”, que involucra a varias
autoridades nacionales y empresarios estadounidenses por la compra de insumos y
equipos antimotines por 5,6 millones de dólares, de los cuales 2,2 millones de
dólares serían un sobreprecio que se habría usado en sobornos y que
posteriormente intentaron lavar en Estados Unidos.
“Causa
indignación ver que nuestra Fiscalía General del Estado es tan lenta y tan poco
diligente, en estas causas que han generado un reproche por parte de la
población, porque se han dedicado a robar durante la pandemia, durante las
cuarentenas”, sentenció la Defensora del Pueblo.
La autoridad
defensorial demandó, además, que deberían iniciarse los procesos por las
masacres de Senkata, Sacaba, entre otras, en contra de las autoridades que
implementaron las acciones conjuntas que segaron la vida de 27 personas: 20 en
las masacres y siete en asesinatos en Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. “Están
claramente identificados, Arturo Murillo y Fernando López, entre otras personas del gabinete de Jeanine Áñez, que
firmaron las autorizaciones para las intervenciones conjuntas de la Policía y de
las Fuerzas Armadas”, apuntó Cruz.
La Defensora del Pueblo anunció que solicitará a la Asamblea Legislativa Plurinacional que inicie un proceso de investigación en contra de la Fiscalía General del Estado por incumplimiento de deberes en el caso “gases lacrimógenos”.