La Defensoría del Pueblo se suma al pedido de extradición de Arturo Murillo y demanda un proceso de rendición de cuentas a la Fiscalía General del Estado

La Defensoría del Pueblo se suma al pedido de extradición del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos, acusado de soborno y lavado de dinero por el caso denominado “gases lacrimógenos”, y demanda un proceso de rendición de cuentas en contra de la Fiscalía General del Estado, por su inacción en este hecho de corrupción. 

“Sí, nos sumamos al pedido de extradición del exministro Arturo Murillo, pero aquí procede un proceso de rendición de cuentas a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es lo que hecho desde junio de 2020, cuando se anunció el inicio de un proceso por este caso? ¿Por qué en Bolivia se espera la salida de Murillo para la presentación de una imputación en enero de 2021? ¿Por qué no contamos con acusaciones ni sentencias por los escandalosos casos de corrupción”, reclamó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

La autoridad defensorial recordó que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, anunció en junio  del año pasado la apertura e investigación del caso “gases lacrimógenos”, pero observó que hasta el momento todavía no se cuenten con resultados de esas indagaciones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por el caso “gases lacrimónenos”, que involucra a varias autoridades nacionales y empresarios estadounidenses por la compra de insumos y equipos antimotines por 5,6 millones de dólares, de los cuales 2,2 millones de dólares serían un sobreprecio que se habría usado en sobornos y que posteriormente intentaron lavar en Estados Unidos.

“Causa indignación ver que nuestra Fiscalía General del Estado es tan lenta y tan poco diligente, en estas causas que han generado un reproche por parte de la población, porque se han dedicado a robar durante la pandemia, durante las cuarentenas”, sentenció la Defensora del Pueblo.

La autoridad defensorial demandó, además, que deberían iniciarse los procesos por las masacres de Senkata, Sacaba, entre otras, en contra de las autoridades que implementaron las acciones conjuntas que segaron la vida de 27 personas: 20 en las masacres y siete en asesinatos en Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. “Están claramente identificados, Arturo Murillo y Fernando López, entre  otras personas del gabinete de Jeanine Áñez, que firmaron las autorizaciones para las intervenciones conjuntas de la Policía y de las Fuerzas Armadas”, apuntó Cruz.

La Defensora del Pueblo anunció que solicitará a la Asamblea Legislativa Plurinacional que inicie un proceso de investigación en contra de la Fiscalía General del Estado por incumplimiento de deberes en el caso “gases lacrimógenos”.