LUCHA CONTRA EL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN SE FORTALECE CON LA FIRMA DE CONVENIO MARCO ENTRE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y EL MINISTERIO DE CULTURAS
26 de Agosto de 2025 09:51 am
La Paz, agosto 26 (UCOM/DPB). - La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, suscribieron un convenio marco con el objetivo de “sumar esfuerzos, capacidades y voluntades en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación”, en beneficio directo de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en el marco del Plan de Acción Defensorial 2024-2028 para poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que la suscripción de este documento permitirá promover políticas públicas inclusivas, orientadas a la prevención del racismo y la discriminación, y dar seguimiento a su implementación en los diferentes niveles de gobierno.
“El convenio tiene como objetivo central, fortalecer la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación en Bolivia, consolidando un trabajo articulado que abarque tanto la prevención como el registro, seguimiento y reparación de las vulneraciones a los derechos humanos”, remarcó el Defensor del Pueblo.
En ese sentido, entre los principales retos que plantea el convenio marco, destaca la elaboración de un Plan de Trabajo conjunto, que defina con claridad las acciones estratégicas y las responsabilidades de ambas partes.
Por su parte la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Esperanza Guevara, remarcó que “sólo trabajando unidos podremos construir un Estado justo, equitativo y con igualdad de oportunidades sin racismo ni discriminación”.
Asimismo, promoverá en los diferentes niveles de gobierno, políticas públicas inclusivas, orientadas a la prevención del racismo y la discriminación. También prevé fortalecer los comités departamentales de lucha contra el racismo y la discriminación, generando capacidades locales y consolidando un sistema de prevención y respuesta articulado.
Entre otras acciones, implementará sistemas digitales de denuncia y registro, que permitan contar con información precisa y actualizada sobre los casos, garantizando un mejor análisis, planificación y acción.
Finalmente, ambas instituciones impulsarán la incidencia política y normativa, generando propuestas legislativas y reglamentarias que refuercen los mecanismos de protección y sanción frente a estas vulneraciones.
