OCTUBRE DE 2003, LA EXPRESIÓN DEL MENOSPRECIO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Han pasado 16 años de los hechos luctuosos que quedaron en la historia de Bolivia como el denominado “Octubre Negro”, una revuelta social en la que miles de personas de las ciudades de La Paz y El Alto se movilizaron en contra de las intenciones de exportar gas a Estados Unidos a través de Chile, y fueron reprimidos por una acción militar ordenada por el gobernante de entonces; una revuelta que duró un mes y terminó con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que huyó de las movilizaciones de obreros, indígenas y vecinos; con él se fue una cultura de menosprecio por los más vulnerables. Esta movilización social fue la suma de la aplicación de ajustes económicos, de lo ocurrido en la llamada “guerra del agua” en Cochabamba, del “impuestazo” al salario decretado en febrero de 2003 que derivó en un enfrentamientos entre policías y militares.

Las jornadas de octubre de 2003 cambiaron el mapa político, desde entonces los grupos de poder tradicionales han sido marginados y hay un rol más protagónico de los movimientos sociales, encabezados por la FEJUVE de El Alto, la Central Obrera Boliviana, la CSUTCB y otras organizaciones que tomaron en sus manos las decisiones del destino de nuestro país. Estos hechos luctuosos son la expresión del menosprecio de los derechos humanos y el abuso de quienes, en lugar de cumplir la agenda de demandas legítimas del pueblo, optaron por usar y abusar del aparato estatal, haciendo uso irracional del marco legal, así como el disponer del empleo de armamento letal en contra de la población civil para preservar la idea formal de orden, sin importar las consecuencias sobre la protección de bienes superiores invaluables como son las vidas de mujeres, niños, personas adultas mayores y de las personas que ofrendaron sus vidas para evitar mayores injusticias.

Las muertes, daños corporales, represiones físicas y otras de ese momento, emergieron no sólo de decisiones políticas poco reflexivas, sino porque el gobierno de aquel momento promulgó el Decreto Supremo N° 27209 de 11 de octubre de 2003, instrumento por el que se concibió a las movilizaciones legítimas del pueblo como un obstáculo a ideas económicas coyunturales así como de consumo, sin considerar que éstas expresaban el ejercicio legítimo del derecho humano a la protesta.

El citado Decreto no sólo se conforma con la penalización de las movilizaciones, sino que contiene la expresa manifestación de emplear la fuerza pública para generar, incluso, daños a las personas con tal de mantener criterios de seguridad y orden económico, expresados en su Artículo 3.

En un Estado Democrático de Derecho no es suficiente una invocación de disposiciones constitucionales, sino que las autoridades gubernamentales tienen el deber de un empleo proporcional de la fuerza y evaluar racionalmente la importancia de la vida humana como bien supremo, no admitiéndose en consecuencia ningún tipo de justificación de someter a la población movilizada en lugar de atender sus demandas justas en diálogos francos y apropiados.

Este menosprecio a una expresión democrática es la huella indeleble del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y su equipo de colaboradores, responsables de más de 60 muertes, más de 400 personas heridas, de los daños acaecidos y del peor momento de la historia reciente en el país.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Estado, en especial al sistema judicial, a no dejar en la impunidad a los partícipes de aquel gobierno que aún no han sido sometidos a la justicia; y al pueblo boliviano a no olvidar la sangre derramada de un pueblo compuesto por mujeres y hombres dignos que derrocó al último gobierno neoliberal de Bolivia

La Paz, 17 de octubre de 2019