Persiste desconocimiento e incumplimiento de procedimientos para la Interrupción Legal del Embarazo en establecimientos de salud

Persiste desconocimiento e incumplimiento de procedimientos para la Interrupción Legal del Embarazo en establecimientos de salud

30 de Junio de 2021 10:51 am

Persiste desconocimiento e incumplimiento de procedimientos para la Interrupción Legal del Embarazo en establecimientos de salud

La Defensoría del Pueblo, en una verificación realizada a establecimientos de salud en distintos puntos del país, detectó que persiste el desconocimiento de la normativa e incumplimiento del procedimiento técnico, por parte del personal médico, para la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE); además de la inexistencia de equipos multidisciplinarios y falta de medicamentos e insumos.

La verificación defensorial, realizada en mayo de este año, abarcó a 39 centros de salud de segundo y tercer nivel, ubicados en 25 municipios del país, donde se entrevistó a 48 profesionales médicos, de enfermería y emergencias. Este trabajo es parte del seguimiento que la institución realiza al cumplimiento de las determinaciones del informe defensorial: “Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como Derecho Humano de las Mujeres”, presentado en 2020.

“Durante la intervención realizada se identificó desconocimiento de la normativa y de los requisitos aplicables para una ILE, inexistencia de equipos multidisciplinarios para el abordaje a usuarias víctimas de violencia sexual, incumplimiento al plazo establecido para proceder con este procedimiento, ausencia de medicamentos e insumos en los establecimientos de salud, y falta de salas de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)”, precisó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Cruz indicó que la Defensoría del Pueblo en una anterior verificación realizada en 2020, ya identificó el desconocimiento de la normativa vigente, ausencia de infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos para aplicar la interrupción legal del embarazo, lo que podría derivar en vulneraciones a los derechos de las usuarias. En esta gestión, precisó, se detectó que ese panorama no cambió significativamente; aunque, el actual seguimiento no tuvo el mismo alcance que el pasado año debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19, razón por la cual se ha centrado en la necesidad de atención integral a las pacientes que solicitaron una ILE. 

La nueva investigación detectó que persiste el desconocimiento de la normativa sobre la ILE en el 29,17% de los servidores públicos abordados, es decir, en 14 de 48, y que éstos no lograron establecer criterios claros ni objetivos respecto a las normas y procedimientos de la ILE. 

También se encontró que el 60,42% (29) de los servidores públicos considera que los requisitos para una ILE incluyen la presentación de una orden judicial, realizar una junta médica y/o una valoración del diagnóstico médico, cuando la Sentencia Constitucional Plurinacional 206/2014 establece que sólo se requiere la presentación de la denuncia.

Un 54,17% (26) del personal entrevistado mostró que no tenía claridad en los plazos establecidos para el procedimiento técnico de la ILE o expresaron que éste dependía de la junta médica o la valoración médica, lo que no es correcto. El restante 45,83% (22), respondió en conformidad con el procedimiento. Asimismo, el 52,08% (25) señaló que en su establecimiento de salud se realizan juntas médicas para casos ILE, hecho, según dijo la Defensora, alarmante que muestra el desconocimiento de los prestadores de salud sobre los requisitos establecidos.

El 52,08% (25) afirmó que en su establecimiento de salud se realizan juntas médicas para la ILE, y el otro 47.92% (23) señaló que no realizan esas juntas. Sobre la objeción de conciencia, el 81,25% (39) de los profesionales indicó que sí la conocían y el 18,75% (9) indicó que desconocían o no tenían claro el tema. Con relación a la capacitación, el 56,25% (27) de los profesionales en salud indicó que la recibieron, en tanto el otro 43,75% (21) dijo que no. 

La verificación defensorial también mostró que el 23,08% (9 de 39) de los establecimientos de salud visitados contaba con equipos multidisciplinarios, a diferencia del restante 76,92% (30), que no tenía personal de Trabajo Social y/o Psicología, debido a que no se habían atendido sus requerimientos para la contratación de este personal. 

El 64,1% (25) de los centros de salud verificados reportó la inexistencia de Mifepristona (200mg), medicamento utilizado, de acuerdo al protocolo de atención, para el procedimiento de la ILE. En los 39 centros se indicó que contaban con Misoprostol (200 mg).

De acuerdo con el Manual de Normas, Reglas, Protocolos y Procedimientos Técnicos para el Manejo de las Hemorragias de la Primera Mitad del Embarazo, todos los establecimientos de salud tanto de segundo como tercer nivel, deben contar con Sala AMEU y contar con un quirófano para practicar un Legrado Uterino Instrumental (LUI) necesariamente contar con una sala de quirófano. La verificación evidenció que el 56,41% (22) de los establecimientos de salud cuenta con infraestructura en buen estado, frente al 43,59% (17) que presenta deficiencias y no cuenta con sala independiente para la ILE.

“Incumplir con los requerimientos de personal, implica un incumplimiento de parte de las autoridades de los niveles departamental y municipal de garantizar recursos humanos suficientes. Y el desconocimiento de los requisitos establecidos por norma podría poner en riesgo no sólo la salud sino la vida y la integridad física y psicológica de las usuarias”, alertó la Defensora del Pueblo. 

Asimismo, observó que existan profesionales que se expresen con criterios alarmantes, como  los señalados por la Jefa de Ginecología del Hospital Alfonso Gumucio Reyes de Montero, quien dijo: “Debido a mi formación profesional y ética no estoy de acuerdo con la ILE, por lo que no estoy obligada a brindar ningún tipo de información al respecto”; o los del Director del Hospital Gineco Obstétrico “Jaime Sánchez Porcel” de Sucre que indicó que “Existe un vacío en la ley, ya que no determina la edad gestacional, señalando que los pasados días se atendió un caso de ILE de 29 semanas y que debe existir un límite de tiempo como en otros países y que pasadas las 20 semanas hay otras opciones como la adopción; o del Jefe de Ginecología del mismo hospital que aseveró que “las niñas luego de menstruar, están en condiciones de llevar un embarazo a término sea cual sea su edad, no existiendo riesgos, que lo que se debe cuidar es que no den a luz por parto.”.

Cruz indicó que en todos los establecimientos de salud urge abordar las capacitaciones respecto a la normativa, la objeción de conciencia, la difusión del Procedimiento Técnico para ILE por especialidad, gestionar la mejora de la infraestructura y equipamiento, y trabajar en la concienciación a servidores en salud para la promoción, prevención y aplicación de la ILE.

 “Los hallazgos de esta nueva verificación permitirán realizar las gestiones necesarias para garantizar que las mujeres en situación de violencia puedan ser atendidas y protegidas de manera pronta y eficiente en los establecimientos de salud”, concluyó la Defensora.