POR UN PROCESO ELECTORAL SIN VIOLENCIA, RACISMO NI DISCRIMINACIÓN
30 de Julio de 2025 05:30 pm
En el marco de sus atribuciones y competencias, la Defensoría del Pueblo, instituyó el Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación (ODRD) el 23 de mayo del 2025, con el propósito de generar incidencia en la normativa, políticas públicas, investigación, educación en derechos humanos, alerta y prevención de racismo y discriminación.
En ese contexto, el ODRD, durante las últimas semanas, evidenció un preocupante desplazamiento del debate propositivo hacia el agravio, la descalificación y la hostilidad entre candidaturas. Esta situación se reflejó de forma alarmante en el reciente debate entre aspirantes a la vicepresidencia, donde predominó la confrontación verbal sobre el intercambio de propuestas políticas, empobreciendo el diálogo democrático, por lo que expresa su profunda preocupación por la creciente escalada de violencia, intolerancia y discursos de odio que se están manifestando en diferentes actos de campaña durante el actual proceso electoral.
El Observatorio ha documentado hechos que constituyen graves vulneraciones a los derechos políticos y civiles de las y los ciudadanos, entre ellos: acoso y violencia política, quema de banderas de organizaciones políticas, ataques y daños a casas de campaña, llamados públicos a sabotear el proceso electoral, incluyendo expresiones discriminatorias dirigidas a candidaturas por razones de identidad cultural y de género, origen étnico o condición social, restricciones arbitrarias al derecho de realizar campaña en algunos territorios, a pesar de que dicha actividad está respaldada constitucionalmente y por los reglamentos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Estas acciones no solo son inaceptables en un Estado democrático, sino que constituyen violaciones expresas al marco normativo nacional e internacional, incluyendo: la Constitución Política del Estado, que en su artículo 26 garantiza el derecho a la participación política en condiciones de igualdad y sin discriminación, la Ley N.º 026 del Régimen Electoral, que establece los principios de equidad, legalidad y transparencia en el proceso electoral, la Ley N.º 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que prohíbe y sanciona actos discriminatorios en espacios públicos, incluido el ámbito político, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23), que protegen el derecho a participar en la vida política sin restricciones indebidas ni discriminación de ningún tipo.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo condena enérgicamente cualquier forma de violencia, racismo, discriminación y restricciones arbitrarias al ejercicio de los derechos políticos; exhorta al Tribunal Supremo Electoral a garantizar el respeto irrestricto de los derechos políticos y a tomar acciones frente a hechos que los vulneren; solicita a las siete misiones de observación electoral acreditadas (incluida la Unión Europea, el Parlamento del Mercosur y la OEA, entre otras) que intensifiquen sus tareas de monitoreo y documentación de estas prácticas, y que contribuyan a visibilizarlas y prevenir su repetición. Asimismo, hace un llamado a las organizaciones políticas, medios de comunicación y ciudadanía a contribuir activamente a un proceso electoral pacífico, inclusivo y respetuoso, en el que prevalezca el diálogo democrático por encima del agravio.
La Democracia se fortalece con el respeto, la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos. Solo garantizando condiciones de igualdad y no discriminación para todas las personas podremos avanzar hacia un proceso electoral representativo, legítimo e intercultural, en consonancia con los principios constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia.
La Paz, 30 de julio de 2025.
