PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA ORGANIZACIÓN CASA DE LA MUJER
28 de Junio de 2026 12:30 pm
La Defensoría del Pueblo
expresa su profunda preocupación por el operativo realizado el pasado 19 de
junio en las instalaciones de la organización Casa de la Mujer, en la ciudad de
Santa Cruz, y recuerda que toda actuación de las autoridades públicas debe
desarrollarse con estricto respeto a las garantías constitucionales, el debido
proceso y los derechos humanos.
Conocidos estos hechos, la
institución activó de manera inmediata las acciones defensoriales
correspondientes y dispuso la apertura de un caso de oficio para realizar el
seguimiento y esclarecimiento de lo ocurrido.
De acuerdo con la información
preliminar recabada, servidores públicos de la Policía Boliviana y de la
Dirección General de Migración, dependientes del Ministerio de Gobierno,
ingresaron al recinto sin proporcionar información suficiente sobre los motivos
y alcances del procedimiento, situación que generó incertidumbre y preocupación
entre las mujeres que recibían atención y protección, así como entre el
personal de la institución.
En ese marco, la Delegación
Defensorial Departamental de Santa Cruz tomó contacto con las representantes de
Casa de la Mujer para conocer las circunstancias del caso, brindar el
acompañamiento institucional correspondiente y coordinar las acciones
necesarias para la protección de las personas involucradas.
La Defensoría del Pueblo
recuerda que ninguna medida excepcional ni disposición administrativa autoriza
la restricción de las garantías constitucionales ni el desconocimiento del
debido proceso, el derecho a la información, la seguridad jurídica o cualquier
otro derecho fundamental. Conforme al artículo 7 del Decreto Supremo N.° 5636,
la vigencia de dicha norma no suspende las garantías constitucionales, por lo
que toda actuación estatal debe sujetarse a la Constitución Política del Estado
y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, reafirma que las
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los
derechos humanos desempeñan una función esencial para el fortalecimiento del
Estado Democrático de Derecho y deben desarrollar su labor en un entorno libre
de intimidaciones, hostigamientos o cualquier forma de represalia.
En consecuencia, la Defensoría
del Pueblo realizará las gestiones institucionales correspondientes ante las
máximas autoridades de las entidades involucradas para solicitar el
esclarecimiento de los hechos, la determinación de las responsabilidades que
correspondan, la adopción de medidas de no repetición y la protección efectiva
de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo
reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la vigencia del
Estado de Derecho y la protección de los espacios seguros destinados a la
atención de mujeres en situación de vulnerabilidad, recordando que toda
actuación estatal debe observar los principios de legalidad, necesidad,
proporcionalidad y respeto irrestricto a la dignidad humana.
La Defensoría del Pueblo es
una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A”, con independencia
y autonomía funcional, cuya misión es velar por la vigencia, promoción y
cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política
del Estado y en los instrumentos internacionales, sin recibir instrucciones de
otros órganos del Estado.
La Paz, 28 de junio de
2026.
