PRONUNCIAMIENTO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTE EL ACTUAL CONFLICTO

La Defensoría del Pueblo, durante todos los días del conflicto que vive el país, ha evidenciado graves actos de violencia que se han traducido en la afectación a la integridad de más de 500 personas, la muerte confirmada de 18 personas, durante toda la etapa de conflictividad, 14 de éstas en un contexto de intervenciones conjuntas entre Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Se ha observado un número importante de arrestos de civiles a partir del 10 de noviembre,  que han presentado signos notorios de tratos crueles, motivo por el cual se han remitido comunicaciones escritas de recordatorios, sobre las prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto a la Presidenta del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, solicitando que su accionar se enmarque en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

Es importante también para la Defensoría del Pueblo que la Policía Boliviana investigue, en el marco de sus competencias, todo los actos de vandalismo que puedan perturbar la seguridad e integridad de la población, pero es necesario señalar que la institución ha recibido denuncias sobre posible implantación de evidencias con el fin de incriminar a personas en actos delictivos. Es importante en esa línea que la Dirección General de Investigaciones Internas  (DIGIPI) de la institución, en una señal de transparencia pueda investigar estos hechos y, en su caso, establecer sanciones.

Ante la continua convocatoria a movilizaciones que se dirigen a la ciudad de La Paz, la Defensoría del Pueblo demanda al Estado y a las fuerzas de seguridad conjuntas que están obligadas a no afectar la vida y la integridad de personas cuyo derecho a la protesta se encuentra protegido por el marco constitucional; se exhorta a los sectores movilizados, a la población, a la ciudadanía que en este momento se encuentra movilizada, a deponer cualquier actitud de violencia contra personas, bienes públicos o privados, así también invoca que si se identifica sectores o grupos de vándalos dentro de sus movilizaciones, los entreguen al sistema de justicia para que no se deslegitime su movilización, para que no se generen a través de estos grupos hechos delictivos. Asimismo, implora a los sectores movilizados a no afectar a la población que está en las ciudades, a que permitan la provisión de alimentos y el suministro de energéticos; en esa línea es fundamental que el Estado baje a hablar con las organizaciones movilizadas.

Preocupa a la Defensoría del Pueblo la situación de adolescentes que han sido detenidos durante las movilizaciones; se solicita que estos menores sean tratados en el marco de la norma que los protege que es la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente, y se insta a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, de las cuales se observa una notoria ausencia, que en el marco de sus competencias se apersonen de oficio o a requerimiento para asumir las acciones necesarias de garantía para esta población.

La Defensoría del Pueblo desde un inicio ha destacado la convocatoria y la voluntad política que ha señalado la Presidenta del Estado a iniciar un proceso de pacificación ante la persistencia de las movilizaciones; en especial consideramos que se debe focalizar en las ciudades de El Alto, La Paz y Cochabamba. Es necesario, sin embargo, que este llamado a la pacificación esté acompañado por cada una de las autoridades del Órgano Ejecutivo, es necesario que estas autoridades puedan, además de generar discursos, priorizar en sus acciones la pacificación de nuestro Estado. La institución Defensorial ve como una imperiosa necesidad entablar un proceso de pacificación respetuoso de derechos y garantías constitucionales que involucren a todos los sectores movilizados, a todos los que en este momento se encuentran en las calles en las distintas ciudades; para ello, de forma escrita se ha manifestado a la Presidenta del Estado como al Ministro de Gobierno, los buenos oficios que puede ofrecer la institución para este acercamiento, pero sin duda es imprescindible la voluntad fáctica del Estado boliviano.

La Defensoría del Pueblo se adhiere a la preocupación manifestada del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, sobre las declaraciones de la actual Ministra de Comunicación respecto a expulsar “seudo” periodistas sediciosos. Se solicita se adopten medidas apropiadas para prevenir cualquier daño contra los trabajadores de la prensa y que se debe respetar la libertad de prensa sin fronteras, en especial de las y los periodistas que se encuentran en calle haciendo cobertura dentro de las movilizaciones, no sólo por parte del Estado que debe otorgar garantías, sino de los sectores movilizados que deben respetar su trabajo. 

Dentro del actual conflicto, la Defensoría del Pueblo ha conocido 26 casos sobre amenazas y/o agresiones a trabajadores de la prensa, entre los que resaltan la quema del domicilio de una periodista, la destrucción de medios de comunicación, la obstaculización del trabajo de medios escritos, radiales y televisivos, agravado por denuncias de limitación en cobertura del actual momento de conflictividad. Es importante llamar a la reflexión a los medios de comunicación, ante una de las demandas que es generalizada dentro de los grupos movilizados, que es la falta de cobertura a las movilizaciones que ellos realizan.

Se insta a todas las autoridades de gobierno y a la población en general a no generar procesos de criminalización de la migración a través de discursos tendientes al odio, a la discriminación, a la xenofobia, menos aún procesos de persecución judicial a personas solamente por la condición de ser extranjeros y comprender que en Bolivia, todos los habitantes, más allá de que sean nacionales o extranjeros, tienen exactamente los mismos derechos, libertades y garantías y merecen procesos judiciales conforme a las garantías del debido proceso; así también, todo los procesos migratorios tienen que enmarcarse en la Ley migratoria nacional y son sujetos de procesos previa administrativos, que inclusive en algún momento pueden pasar a justicia constitucional. Se exhorta al Estado el respeto de este marco normativo.

Respecto a la cantidad de muertes sucedidas hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo denuncia que actualmente nos encontramos con 21 personas que hubiesen perdido la vida, 14 de ellas durante las intervenciones o en un contexto de intervención conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, destacando lo ocurrido ayer en Sacaba, Cochabamba. Se denuncia como institución que el jueves la Policía Boliviana, en la tranca antes del ingreso de los cocaleros hasta la localidad de Huayllani, hasta Cochabamba o hasta los pasos a La Paz, ha realizado requisas, el decomiso de armas de fuego, dinamitas y otros objetos que hubiesen sido utilizados para un posible enfrentamiento. Lo que ha ocurrido ayer en Huayllani no ha sido un enfrentamiento, ha sido una represión policial militar que hoy deja siete personas confirmadas muertas, una persona que está a punto de perder la vida, cinco que están saliendo de cirugías muy delicadas y más de un centenar de personas, en su mayoría por impacto de bala.

Es también importante señalar que la Defensoría del Pueblo se ha desplazado por todos los centros hospitalarios de Cochabamba donde se encontraban los heridos y éstos sólo correspondían al sector cocalero. Se exhorta al Gobierno que si la llamada de pacificación es real y es legítima, no se siga utilizando a las fuerzas de seguridad, policial y militar, con armamento; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha recordado al Estado que tiene que ser limitada en su máxima expresión, no queremos seguir contando más muertes, no queremos seguir contabilizando más pérdidas humanas, porque eso no le hace bien a un diálogo, eso no genera puente de discusión pacífica entre el Estado y la población. 

Se reitera, la Presidenta del Estado al momento de asumir producto de la sucesión Constitucional ha señalado que su principal tarea iba a ser pacificar y llamar a un proceso electoral, ambas etapas todavía están pendientes, se convocamos y se dispone nuestros buenos oficios como Defensoría del Pueblo.