PRONUNCIAMIENTO - DEFENSORÍA DEL PUEBLO: NINGUNA MEDIDA DE PRESIÓN PUEDE JUSTIFICAR AGRESIONES NI AFECTAR SERVICIOS DE PROTECCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por los hechos registrados en la zona de San Felipe de Seke de la ciudad de El Alto, donde una intervención destinada a brindar auxilio a una mujer víctima de violencia fue afectada por actos de agresión contra dos efectivos policiales que cumplían funciones de resguardo y atención. 

Estos hechos derivaron además en la quema de una patrulla policial y la destrucción de bienes utilizados para el cumplimiento de funciones de protección a la población.

De acuerdo con la información recabada por la Unidad de Coordinación Regional de El Alto, los efectivos se encontraban atendiendo un caso de violencia cuando fueron interceptados, impidiendo el desarrollo de una acción orientada a garantizar la seguridad e integridad de una persona que requería atención inmediata.

La Defensoría del Pueblo recuerda que la atención de víctimas y la activación de mecanismos de protección constituyen obligaciones fundamentales del Estado y garantías esenciales para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. En consecuencia, resulta inadmisible que, en contextos de conflictividad social, se obstaculicen intervenciones destinadas a resguardar la vida, la integridad y la seguridad de personas en situación de vulnerabilidad.

En el marco de sus atribuciones constitucionales, la institución defensorial realizó verificaciones en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Satélite, donde constató la situación de una persona aprehendida en relación con estos hechos y gestionó la intervención del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), con el fin de garantizar el debido proceso, el acceso a la defensa técnica y el respeto de sus derechos fundamentales.

Asimismo, personal defensorial verificó la situación de los efectivos heridos, quienes señalaron haber sido agredidos mientras cumplían funciones vinculadas a la atención de un caso de violencia. Según su relato, también fueron despojados de sus pertenencias, entre ellas una computadora portátil que contenía información relacionada con casos atendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

La Defensoría del Pueblo enfatiza que ninguna medida de presión, movilización o conflicto social puede justificar agresiones físicas, daños a bienes públicos ni acciones que restrinjan el acceso de la población a servicios esenciales. Particular preocupación generan los hechos que afectan la atención de mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y otros grupos que requieren especial protección.

La institución defensorial exhorta a todos los actores involucrados en las movilizaciones a actuar con responsabilidad y respeto a los derechos humanos, garantizando la integridad de las personas y el funcionamiento de los servicios destinados a la protección de la población. Asimismo, continuará ejerciendo su mandato constitucional de vigilancia y defensa de los derechos humanos, promoviendo que toda situación de conflictividad sea abordada por medios pacíficos y en el marco del Estado de Derecho.

La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A”, con independencia y autonomía funcional, cuya misión es velar por la vigencia, promoción y cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales, sin recibir instrucciones de otros órganos del Estado.

El Alto, 12 de junio de 2026