PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL SINIESTRO AÉREO OCURRIDO EN EL ALTO

La Defensoría del Pueblo expresa su profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas y su acompañamiento a quienes resultaron heridas a consecuencia del siniestro aéreo ocurrido el viernes 27 de febrero en la ciudad de El Alto.

En el marco de nuestro mandato constitucional, desde el primer momento se activaron acciones de verificación y seguimiento para garantizar la atención médica oportuna, sin discriminación, y la provisión adecuada de insumos y medicamentos a las personas heridas; la protección del derecho a la vida, la salud y la integridad personal de las víctimas, y el respeto irrestricto al debido proceso de las personas aprehendidas tras los hechos suscitados en el lugar del accidente.
Personal defensorial realizó verificaciones en centros de salud y visitas no anunciadas a dependencias policiales, a fin de constatar el respeto a los derechos fundamentales, el acceso a la defensa y a información clara sobre la situación jurídica de las personas aprehendidas.

Advertimos con inquietud las conductas registradas tras el siniestro ocurrido durante las labores de rescate y que pusieron en riesgo la integridad de la población. En contextos de emergencia deben prevalecer la solidaridad, la responsabilidad ciudadana y el respeto a la legalidad.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación ante el pronunciamiento emitido por el Banco Central de Bolivia, mediante el cual se señala que los billetes en cortes de 10, 20 y 50 bolivianos de la serie “B” no tendrían validez legal para su circulación. Esta situación ha generado incertidumbre en la población, considerando que dicha serie ya se encontraba en circulación con anterioridad al siniestro y que existen personas que poseen estos billetes sin ninguna vinculación con el hecho investigado. En ese marco, cualquier determinación sobre su vigencia o canje debe estar debidamente fundamentada, comunicada con absoluta claridad y acompañada de mecanismos que eviten afectaciones económicas indebidas, garantizando la seguridad jurídica y la protección de los derechos de la población usuaria del sistema financiero.

En ese contexto, exhortamos a las entidades estatales competentes a mantener una comunicación clara, transparente y oportuna, que permita a la población acceder a información veraz, reducir incertidumbres y fortalecer la confianza pública en la gestión de este tipo de eventos; debiendo las autoridades del gobierno central velar por la salud de los afectados y analizar medidas de reparación por los daños emergentes del siniestro.

Instamos a la ciudadanía a mantener la calma y permitir el trabajo de los equipos de emergencia e investigación.

La Defensoría del Pueblo continuará realizando el seguimiento correspondiente, reafirmando su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos en toda circunstancia.

El Alto, febrero de 2026.