PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS IMPACTOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN AL DIÉSEL
20 de Septiembre de 2026 09:20 am
La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones constitucionales de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, expresa su preocupación por los posibles impactos económicos y sociales derivados del levantamiento de la subvención al diésel, particularmente en los sectores y hogares que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
La importancia de este combustible para el transporte, la producción agropecuaria, el comercio y otras actividades económicas hace necesario prestar especial atención a sus posibles efectos en los precios de alimentos, transporte, productos de primera necesidad y otros bienes y servicios esenciales.
La Defensoría del Pueblo reconoce los desafíos económicos que enfrenta el Estado y la necesidad de adoptar medidas orientadas a preservar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, recuerda que toda política económica debe considerar sus efectos sobre los derechos económicos y sociales de la población, especialmente el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo exhorta al Órgano Ejecutivo a adoptar medidas oportunas, suficientes, accesibles y transparentes de mitigación, priorizando la protección de los hogares de menores ingresos y de los sectores que puedan resultar particularmente afectados; asimismo, a establecer un canal efectivo de diálogo y concertación con los sectores que manifiestan sentirse afectados, que permita evaluar los impactos de la medida, considerar propuestas y alcanzar puntos de entendimiento que contribuyan a prevenir la escalada de la conflictividad social. De igual manera, exhorta a implementar mecanismos permanentes de monitoreo de precios y abastecimiento, especialmente de alimentos de la canasta básica, transporte y otros bienes y servicios esenciales, así como a garantizar que las medidas de protección social anunciadas cuenten con criterios claros de acceso, cobertura y oportunidad, con especial atención a las personas y familias cuya capacidad adquisitiva pudiera verse afectada.
La Defensoría del Pueblo exhorta asimismo a los sectores sociales, productivos y económicos a ejercer sus derechos mediante mecanismos pacíficos, preservando los derechos de la población y evitando acciones que puedan profundizar las condiciones de vulnerabilidad o afectar el abastecimiento y los servicios esenciales.
La protección de los derechos humanos y la estabilidad económica deben ser atendidas de manera simultánea. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo llama al Gobierno nacional y a los diferentes sectores de la sociedad a privilegiar el diálogo, la concertación y la búsqueda de soluciones, procurando que los efectos de las medidas económicas no recaigan de manera desproporcionada sobre quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
La institución defensorial continuará realizando el seguimiento de los efectos que estas medidas produzcan sobre los derechos humanos de la población y, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, formulará las recomendaciones que correspondan.
La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) con estatus “A”, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el ejercicio de sus funciones, actúa con independencia y autonomía plena y no recibe instrucciones de los órganos del Estado.
La Paz, 20 de septiembre de 2026
