PRONUNCIAMIENTO: DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A LA PRONTA CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
02 de Octubre de 2026 10:11 pm
La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos expresa su preocupación ante la situación que atraviesa la Fiscalía General del Estado y la necesidad de preservar el normal ejercicio de sus funciones.
El artículo 225 de la Constitución Política del Estado (CPE)
establece que el Ministerio Público tiene por finalidad defender la legalidad y
los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal pública, bajo
los principios de legalidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y
jerarquía. En ese marco, resulta fundamental garantizar condiciones que
permitan el adecuado cumplimiento de este mandato constitucional.
Por ello, la Defensoría del Pueblo exhorta a la
Asamblea Legislativa Plurinacional, en el ámbito de sus atribuciones
previstas en el artículo 161 numeral 8 de la CPE, a convocar en el
menor tiempo posible al proceso de selección y designación de la o el Fiscal
General del Estado, conforme a las previsiones constitucionales y legales
vigentes.
La convocatoria deberá observar lo dispuesto por el artículo
227 de la CPE, garantizando la convocatoria pública, la calificación de
capacidad profesional y méritos mediante concurso público, así como la
designación por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea
Legislativa Plurinacional.
La pronta definición de la máxima autoridad del Ministerio
Público permitirá fortalecer la continuidad de sus funciones, contribuir a la
seguridad jurídica y brindar mayor certidumbre a las personas que recurren a
las instituciones encargadas de la administración de justicia para la
protección de sus derechos.
En el marco de sus competencias constitucionales, la
Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento correspondiente y exhorta a las
instancias llamadas por ley a actuar con celeridad, transparencia y
responsabilidad, contribuyendo al fortalecimiento del Estado Constitucional de
Derecho y a la vigencia efectiva de los derechos humanos.
La Paz, octubre de 2026.
