PRONUNCIAMIENTO: Defensoría del Pueblo sobre los hechos evidenciados en San Julián llama a garantizar la protección de derechos humanos en contextos de conflictividad social
07 de Junio de 2026 11:53 am
La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante los hechos de violencia suscitados en el municipio de San Julián, departamento de Santa Cruz, en el marco del operativo policial y militar desplegado el 6 de junio, para desbloquear la carretera hacia el Beni.
De acuerdo con información verificada en terreno por la Defensoría del Pueblo, durante la pasada jornada se registró un total de 33 personas heridas, entre las que se cuentan 26 civiles y siete efectivos policiales. Respecto a las personas civiles, 24 presentaban heridas leves y moderadas (por lo que fueron dadas de alta) y dos fueron internadas en centros de salud para ser intervenidas quirúrgicamente, una por herida de bala. Sobre los siete efectivos policiales, cuatro fueron atendidos por heridas de armas de fuego, uno de ellos (herido en la cabeza) permanece en terapia intensiva.
La institución defensorial recuerda que toda actuación del Estado en contextos de conflictividad social debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, garantizando en todo momento la protección de la vida y la integridad personal. Asimismo, recuerda que el derecho internacional no protege el ejercicio del derecho a la protesta, cuando se evidencian actos de violencia extrema.
Por otra parte, durante el operativo se habría evidenciado la presencia de actores paraestatales y grupos de choque, además del uso de armas de fuego y explosivos, situación que debe ser objeto de investigación objetiva y transparente por el Ministerio Público, a fin de establecer responsabilidades individuales.
Al respecto, en línea con las recomendaciones de la CIDH y del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), la Defensoría del Pueblo recuerda que es fundamental que el Estado no estimule estas conductas y actúe para prevenir la organización de grupos que se autoproclaman como fuerzas de seguridad. La constitución de grupos paraestatales y de choque en contextos de crisis no solo es ilegal sino altamente riesgosa.
La Defensoría del Pueblo insta a los actores involucrados a evitar la escalada de la violencia, priorizar resoluciones pacíficas y garantizar la protección de la población civil. La institución defensorial continuará con el monitoreo permanente de la situación en el marco de su mandato constitucional.
La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A”, con independencia y autonomía funcional, cuya misión es velar por la vigencia, promoción y cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales, sin recibir instrucciones de otros órganos del Estado.
La Paz, 07 de junio de 2026.
