Propuesta de reglamento de la Ley 1680 prevé apoyo económico y psicológico para hijas e hijos huérfanos de feminicidio
09 de Marzo de 2026 07:55 pm
La Paz, 9 de marzo de 2026
(UCOM-DPB).– El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya y el subdirector Nacional
de Aldeas Infantiles SOS Bolivia, Eduardo Serrano, destacaron que la propuesta
de reglamentación de la Ley 1680, de Protección Integral y Reparación para
Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida,
“es una respuesta integral que considera apoyo económico, psicológico, el
acompañamiento social y el seguimiento continuo de los casos”.
Las declaraciones fueron
realizadas durante la edición del programa institucional “El Defensor con el
Pueblo”, que se transmite cada lunes a través de las principales redes sociales
de la Defensoría y es conducido por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
De acuerdo a Callisaya, entre las medidas contempladas en la propuesta de reglamentación destaca la entrega de un apoyo económico equivalente al 20% del salario mínimo nacional, destinado a cubrir necesidades básicas de subsistencia. Este beneficio que puede extenderse hasta los 25 años en casos de formación técnica o profesional con el objetivo de promover la autonomía futura de las víctimas. Asimismo, se plantea la posibilidad de acceder a paquetes alimentarios para niños menores de cinco años.
La propuesta de la reglamentación
establece mecanismos de protección por parte de una familia ampliada o centros
de acogida como última alternativa. Asimismo, prevé el acompañamiento de
equipos multidisciplinarios, incluso itinerantes, para garantizar el
seguimiento y bienestar de los beneficiarios en todo el territorio nacional.
La propuesta de reglamento fue
elaborada mediante un proceso de trabajo conjunto entre la Defensoría del
Pueblo, organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado.
Entre 2019 y 2025, la Defensoría del pueblo promovió anteproyectos de leyes municipales de protección para este sector poblacional, los cuales fueron adoptados por 42 gobiernos municipales del país, incorporando medidas como bonos económicos, paquetes alimentarios, exenciones tributarias y apoyo a familias cuidadoras.
