SOBRE EL AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 087/2025
25 de Noviembre de 2025 05:23 pm
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la
vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, ha dado
seguimiento a los acontecimientos vinculados al Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP). En este marco, ha señalado en reiteradas oportunidades
que la prórroga del mandato de cinco magistradas y magistrados resultó nociva
para la institucionalidad democrática y para el respeto del orden
constitucional, al implicar el ejercicio de funciones más allá del periodo
fijado en seis años sin posibilidad de reelección.
La extensión de mandato ejecutada al margen de los límites previstos por la Constitución afectó de manera significativa el funcionamiento institucional del Estado, quebrantó el Estado de Derecho y generó un serio impacto en la vigencia de la democracia. Entre las consecuencias, se identificó su rol nocivo en el proceso de elecciones judiciales, al generar interferencias y retrasos que afectaron la normalidad y regularidad de dicho proceso, así como la renovación oportuna de las altas autoridades del sistema de justicia. Este hecho contravino principios esenciales de la función pública, entre ellos la separación de poderes, la legalidad, la sujeción al control constitucional y el respeto a los plazos de ejercicio del mandato establecidos por el poder constituyente.
La conclusión de dicha prórroga constituye un paso necesario para la recomposición del orden constitucional; sin embargo, ello no debe interpretarse como una exoneración de las responsabilidades que pudieran corresponder a sus autoras y autores conforme al ordenamiento jurídico vigente. Corresponderá a las instancias competentes evaluar, investigar y, en su caso, determinar las responsabilidades a que hubiere lugar, garantizando siempre el debido proceso y la transparencia.
La Defensoría del Pueblo reafirma que situaciones como la prórroga irregular de mandatos no pueden volver a repetirse en el país. La consolidación de una institucionalidad plenamente respetuosa de la Constitución y de los estándares internacionales de derechos humanos es indispensable para asegurar la estabilidad democrática y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
En ejercicio de su mandato, la Defensoría del Pueblo continuará vigilante del respeto y la vigencia de los derechos humanos de la población boliviana, y actuará conforme a derecho con el fin de contribuir al fortalecimiento del sistema democrático nacional.
La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los órganos del Estado.
La Paz, 25 de noviembre de 2025.
