TARIJA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO MONITOREA ACCIONES JUDICIALES CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN TEMAS AMBIENTALES DE TARIQUIA

Entre Ríos, 24 de junio de 2025 (UCOM/DDDT).- En seguimiento al proceso penal interpuesto por representantes de Petrobras S.A. y YPFB en contra de 12 comunarias y comunarios de la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía; la Defensoría del Pueblo participó como veedor en la audiencia de medidas cautelares, en la que se resolvió libertad irrestricta de las y los imputados.

A través de sus redes sociales, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, destacó el acompañamiento institucional al caso y recordó el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en línea con el Acuerdo de Escazú, la Constitución Política del Estado y las normativas nacionales que reconocen los derechos de la Madre Tierra y de quienes la defienden.

La denuncia fue presentada en octubre de 2024 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, y Petrobras S.A. Bolivia, cuyos representantes alegaron vulneraciones al derecho al trabajo, agresiones físicas y obstaculización a la investigación de los hechos.

La verificación defensorial constató que las y los defensores asistieron a todas las audiencias convocadas, demostrando su disposición a colaborar. Durante la investigación preliminar, se suspendieron en cuatro ocasiones los desfiles identificativos debido a fallas procesales, como falta de notificación o ausencia policial, pese a la presencia constante de los denunciados. Inicialmente, la Fiscalía rechazó la denuncia, pero YPFB apeló ante la Fiscalía Departamental de Tarija, que revocó la decisión bajo la dirección de la fiscal Sandra Gutiérrez, reiniciando el proceso. 

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo inició el acompañamiento y monitoreo del proceso, verificando in situ la vigilia establecida por las y los comunarios, sosteniendo reuniones con las comunidades, solicitando  informe de acciones por parte de las petroleras, participando en el proceso de consulta en calidad de instancia veedora y emitiendo pronunciamientos que recuerdan al Estado su obligación de proteger a las y los defensores ambientales, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra y la Ley N°300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.

El pasado 7 de marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó esta problemática en una audiencia pública, donde mujeres de Tariquía y Chiquiacá denunciaron persecución por oponerse a proyectos hidrocarburíferos. Autoridades internacionales, incluidos los comisionados de la CIDH, representantes de la Organización de las Naciones Unidas - ONU y el Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, cuestionaron el uso del sistema penal para reprimir la defensa legítima de los territorios. 

“La institución continuará actuando como garante de los derechos colectivos y de la Madre Tierra, en cumplimiento de su mandato legal, el acuerdo de Escazú y de los estándares internacionales de derechos humanos”, declaró la Delegada Defensorial Departamental de Tarija, Cecilia Bolívar.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de monitorear este caso y exigir a las autoridades el respeto a los derechos de los defensores en asuntos ambientales, la transparencia en el proceso y la no criminalización de la protesta pacífica.

Para consultas, denuncias o información adicional, la Defensoría del Pueblo tiene habilitada la Línea Gratuita 800-10-8004, el WhatsApp 72006607, y las oficinas defensoriales en Tarija (cel. 71567109), Yacuiba (cel. 76811480) y Bermejo (cel. 71535365).